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Atrás quedaron los tiempos en los que Enrique Alfaro Ramírez, como político de oposición, trataba de conseguir amparos para frenar el alza en la tarifa del transporte público metropolitano (Tren Ligero, Macrobús, trolebús y algunas líneas del Tren Eléctrico Urbano).

Ahora, como gobernador, reprime a quienes se manifiestan contra esos aumentos y además culpa a su antecesor, Jorge Aristóteles Sandoval, de haber hecho negocio con la compra de camiones y los sistemas de prepago.

En agosto de 2012, Alfaro, entonces presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga y excandidato a la gubernatura, en nombre de su partido, Movimiento Ciudadano, interpuso un amparo para suspender el aumento de seis a siete pesos de la tarifa del transporte. No fue el único que demandó y con la presión conjunta de otras fuerzas políticas se detuvo el alza.

Pero en diciembre de 2013 el Comité Técnico de Validación Tarifaria (CTVT) del gobierno estatal aprobó de nuevo el incremento. El 14 de enero de 2014 Alfaro se sumó a otras organizaciones que emprendieron acciones legales –que funcionaron– para revertir el aumento al precio del pasaje. Pero en noviembre de 2015 la tarifa pasó de seis a siete pesos.

La lucha de Alfaro continuó el 18 de diciembre de 2015, cuando era alcalde de Guadalajara. En esa fecha propuso desaparecer el CTVT e insistió en que la tarifa debía basarse en criterios técnicos y no políticos, como “siempre se ha decidido”, argumentó.

Además señaló que el servicio público del transporte debía ser de calidad y se requería elaborar un análisis del entorno económico y de las condiciones sociales de los usuarios.

El 4 de enero de 2017 los alcaldes emecistas del área metropolitana de Guadalajara, encabezados por Alfaro, respaldaron un aumento a la tarifa –de siete a 9.50 pesos–, a condición de que dicha alza fuera subsidiada por el gobierno del estado.

Alfaro estimó que el gobierno tendría que destinar 3 mil 240 millones de pesos, recursos que podrían obtenerse del gobierno federal y de reducir el gasto corriente.
Sandoval rebatió, al decir que los munícipes deberían juntarse para subsidiarlo. Alfaro dijo que eso era responsabilidad del estado.

En abril de 2018, previo a la elección estatal, Alfaro se comprometió ante estudiantes de la Universidad de Guadalajara a no subir la tarifa del transporte, hasta que no hubiese un servicio digno y que todas las líneas estuvieran constituidas como ruta-empresa.

El 7 de agosto de 2018 el CTVT aprobó subir la tarifa 35.7%. En ese mismo mes sólo tres nuevas rutas del transporte público fueron autorizadas a subir el costo del pasaje, al comprobarse que cumplían algunas de las condiciones de ruta-empresa, es decir, tener unidades nuevas, operadores con sueldo fijo y prestaciones de ley, frecuencia de paso establecida, cada ­vehículo debe contar con letreros electrónicos de información al usuario, sistema de localización GPS, gobernador de ­velocidad, sistema de prepago, equipamiento de accesibilidad universal y tres cámaras de seguridad.

No obstante Sandoval no autorizó el incremento hasta que el modelo de la ruta-empresa operara en su totalidad. Según Alfaro, la decisión de su antecesor fue por cuestiones políticas, para “ganar votos”; sin embargo, para esa fecha el PRI ya había perdido las elecciones.

El 7 de diciembre de 2018, un día después de haber rendido protesta, Alfaro reiteró que la tarifa debía cumplir un criterio social y analizaría dar algún subsidio en caso de aumentar la tarifa a 9.50 pesos.

Pero todas esas exigencias que expresó a lo largo de siete años, las dejó a un lado el pasado 24 de julio cuando anunció que aumentaría a 9.50 pesos el precio del Sistema del Tren Eléctrico Urbano (Siteur, que el estado maneja como un organismo público descentralizado, no una ruta-empresa) y el del Macrobús (línea de BRT), servicio concesionado a la Alianza de Camioneros.

El encargado de dar la concesión en 2008 a la Alianza de Camioneros, el grupo más fuerte del transporte urbano, fue Diego Monraz Villaseñor, en ese tiempo titular de Siteur.

Monraz es ahora secretario de Transporte. Su nombramiento fue aplaudido por Hugo Higareda, líder de la Alianza de Camioneros.

Uno de los planes de Alfaro es crear otra línea de BRT, que se nombraría Peribús. Se consultó a dirigentes de operadores del transporte público, quienes esperan que esa nueva infraestructura Monraz no la entregue a Higareda.

Alfaro justificó el incremento al decir que “no es una tarifa establecida por este gobierno, es una tarifa aprobada hace un año (por el CTVT) y que entra en operación conforme se van acreditando las rutas-empresa”.

Sin embargo, el aumento no fue aprobado por unanimidad. El Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte Público del estado de Jalisco, las cámaras empresariales y el Consejo de Víctimas (del transporte público) rechazaron la propuesta. La única universidad que aprobó el aumento fue la Enrique Díaz de León, porque la de Guadalajara y el ITESO no estuvieron de acuerdo, como recordó Jesús Medina, líder de la Federación de Estudiantes Universitarios.

Alfaro señaló que para diciembre las 135 rutas que operarán en Jalisco cobrarán 9.50 pesos y habrá un reordenamiento de las mismas.

A raíz de las protestas que se generaron durante tres días consecutivos tras el anuncio del alza –en la primera de ellas varios jóvenes fueron reprimidos por policías antimotines–, Alfaro compartió un video en sus redes en el que dijo que la tarifa no había aumentado en los últimos siete años en el Siteur y el Macrobús, cuando los combustibles y la energía eléctrica sí se incrementaron. Y negó ser represor.

Aseveró que en un plazo de cuatro meses todas las unidades de transporte contarán con el servicio de pago electrónico y en consecuencia operaría el modelo de transbordo que tendría un menor costo para “quienes hacen traslados más largos”.

Además dijo que el próximo año se sustituirán las unidades actuales por unas menos contaminantes y más seguras. En ese mismo video acusó a Sandoval de hacer negocio con el transporte, pero no dijo si presentaría una denuncia por presuntos actos de corrupción.

De acuerdo con el Instituto Metropolitano de Planeación, dentro del área metropolitana de Guadalajara se realizan 4.4 millones de viajes diarios en transporte público.

En promedio el tiempo por cada viaje en autobuses es de 56 minutos, mientras que en la Ciudad de México es de 49. Un usuario invierte de tres a cuatro horas al día en el transporte público.

En una encuesta que realizó en 2018, el ya desaparecido Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco reveló que de 67.8% de los usuarios del transporte, 20.5% son estudiantes, 20.8% son amas de casa y 26.5% son empleados del sector privado.

Y 48% de los usuarios informó que sus ingresos van desde cero pesos (es el caso de los estudiantes), hasta 5 mil mensuales.

Otro dato relevante del estudio es que en el área metropolitana 303 personas fallecieron desde 2013 en accidentes en que participaron unidades del transporte público. Sólo este año son 19.

Visión académica

El 24 de julio, cuando Alfaro anunció el incremento, a la par presentó el Acuerdo por la Movilidad entre la iniciativa privada y el gobierno estatal. Su objetivo es que los empresarios otorgarían a sus trabajadores apoyos de 10 pesos diarios para el pasaje, los cuales se entregarían con un ajuste a su sueldo o mediante la tarjeta Mi Pasaje.

Alejandro Rodríguez Magaña, especialista en finanzas corporativas de la Universidad Panamericana, considera en entrevista que no hay una justificación de fondo para el aumento (de casi 36%) a la tarifa del transporte, si se toma en cuenta que los últimos siete años la inflación acumulada es de 28.21%.

“Lo que debe haber es una argumentación más de fondo, más sólida de por qué el transporte público pasa de un precio de siete a 9.50, que no es la inflación, porque tendría que ser abajo de nueve pesos”, refiere.

Tampoco se puede tomar como métrica el aumento a los sueldos, que han variado en los últimos siete años entre 3.9 y 4.2%.

Ejemplifica que una persona que toma ocho camiones diarios para trasladarse requiere destinar mil 824 pesos mensuales para el transporte. “Si a eso le sumamos que tienes hijos que van a la escuela en transporte público, que a veces el ama de casa se traslada para recoger a los hijos o para alguna otra cuestión, esto representa un presupuesto exorbitante para las familias”, comenta.

Para Héctor Castañón, maestro en planeación y gestión del desarrollo regional por la Universidad de Dortmund, Alemania, el estado no sólo debe proveer el servicio del transporte sino garantizar derechos de la población con menos recursos, así como generar una movilidad más sostenible.

Dice a Proceso que para algunas familias destinar 500 pesos mensuales más al transporte implica 20% o hasta más porcentaje de su ingreso, lo que trae como consecuencia caer en más pobreza.

“Las Naciones Unidas establecen que cuando tú pagas más de 20% de tu ingreso en moverte, entras en una espiral de pobreza de la que es muy difícil salir”, apunta.

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