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Primero fueron los inmigrantes nicaragüenses, después los haitianos y ahora los salvadoreños. El Gobierno de Donald Trump anunció este lunes el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS en sus siglas inglesas), un programa especial que evita la deportación, para unos 200.000 inmigrantes salvadoreños. Es uno de los golpes más severos de la Administración del republicano a los inmigrantes en Estados Unidos.

Los ciudadanos salvadoreños acogidos bajo el TPS tienen 18 meses, hasta septiembre de 2019, para salir de EE UU o conseguir otro permiso de residencia legal para poder quedarse. Si no lo hacen, a partir de entonces, serán considerados inmigrantes indocumentados y podrán ser deportados.

El trauma es enorme. Muchos salvadoreños llevan años afincados en EE UU desde que emigraron de su país tras la sangrienta guerra civil en los años ochenta y noventa. Tienen hijos nacidos en EE UU, que, a diferencia de sus padres, poseen la ciudadanía y no pueden ser expulsados. El programa se inició en 2001 después de que El Salvador sufriera dos devastadores terremotos.

El TPS se ha convertido en un blanco fácil para la política de mano dura en inmigración de Trump. Los críticos sostienen que se concibió para ofrecer protecciones migratorias temporales y no permanentes. Los defensores alegan que es inseguro para los inmigrantes volver a sus países.

El Departamento de Seguridad Interior debe decidir con frecuencia si renueva o no las protecciones. El TPS, que ahora beneficia a 10 países, se creó en 1990 para conceder visados temporales y permisos de trabajo a ciudadanos afectados por guerras o desastres naturales. El resultado es que inmigrantes que ya están presentes en EE UU no pueden ser deportados a sus países de origen por su inestabilidad.

Las anteriores cancelaciones del TPS afectaron a muchos menos inmigrantes. En noviembre, no se renovó el amparo (también con un plazo de 18 meses) a 59.000 haitianos, cuyo programa se inició tras el terremoto de 2010, y tampoco a 5.300 nicaragüenses, protegidos tras el huracán Mitch de 1998. En septiembre, se retiró ese estatus a unos mil inmigrantes sudaneses.

Sin embargo, el Gobierno estadounidense decidió posponer, al próximo julio, la decisión sobre la suerte de 86.000 hondureños a la espera de analizar si es seguro que vuelvan a su país, sacudido por una ola de violencia. Y mantuvo la protección a una cincuentena de inmigrantes de Sudán del Sur hasta mediados de 2019.

En el caso de El Salvador, el Departamento de Seguridad Interior utilizó argumentos muy similares a las cancelaciones para Haití y Nicaragua. “Las condiciones originales causadas por los terremotos de 2001 ya no existen”, señaló un comunicado del departamento que dirige Kirstjen Nielsen. Subrayó que ya no hay una “disrupción sustancial de las condiciones de vida” en ese país y que EE UU ha deportado a inmigrantes salvadoreños en los últimos años (unos 39.000 en los últimos dos), lo que “demuestra que se ha abordado la incapacidad temporal de El Salvador de retornar adecuadamente a sus nacionales después del terremoto”.

Nielsen replicó la táctica, de pasar la patata caliente al Congreso, empleada por Trump con el programa DACA, que finalizará en marzo y, si no se evita, permitirá la deportación de unos 800.000 inmigrantes que llegaron de niños a EE UU. “Solo el Congreso puede legislar una solución permanente que aborde la ausencia de un estatus legal migratorio duradero a aquellos protegidos actualmente por el TPS”, señaló. “Los 18 meses de retraso de la terminación dan tiempo al Congreso para redactar una potencial solución legislativa”.

Los legisladores, sin embargo, han sido incapaces por ahora de hallar un consenso sobre DACA y parece improbable que, dado el control republicano de las cámaras, prospere una ambiciosa reforma sobre el TPS.

Según el Centro de Estudios Migratorios, un 51% de los salvadoreños con TPS han vivido en EE UU durante al menos 20 años. Un 88% de ellos trabajan y un 10% se han casado con estadounidenses. Una cuarta parte de los salvadoreños vive en California y una quinta en los suburbios de la ciudad de Washington.

Organizaciones latinas y políticos de origen hispano, demócratas y republicanos, criticaron con dureza la decisión del Gobierno de Trump. “Estados Unidos ha dado la espalda a su promesa de dar refugio a aquellos que sufren violencia y persecución en sus países natales”, denunció Oscar Chacón, director de Alianza Americas. “Aunque las condiciones de vida pueden haber mejorado ligeramente, El Salvador enfrenta ahora un problema significativo con el narcotráfico, las bandas y el crimen”, agregó el congresista republicano Mario Díaz-Balart. El demócrata Bob Menéndez lamentó los “impulsos nativistas” de la Administración republicana.

 

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