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Un grupo de policías, inconformes con las malas condiciones en que realizan su peligroso trabajo, denuncian en un video que los funcionarios encargados de la seguridad no sólo son corruptos, sino que impiden que sus subordinados cumplan su deber y, lo peor, que protegen al Cártel de Jalisco Nueva Generación a cambio de cuotas. Se trata de una revisión de la agenda de seguridad del estado desde el punto de vista de quienes no se enfrentan a micrófonos ni cámaras, sino a las armas de alto poder del crimen organizado.

El fiscal general del estado, Luis Carlos Nájera Gutiérrez; el comisionado de Seguridad Pública, Alejandro Solorio Aréchiga, y otros funcionarios de esta dependencia son señalados por policías de proteger al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) a cambio de dinero.

En un video, que hasta ahora ha circulado en forma restringida en fuentes gubernamentales a través de redes sociales, aparece junto a una mesa un hombre encapuchado, vestido de negro, que se presenta como policía de la Fuerza Única de Jalisco.

No es la primera ocasión que se citan las presuntas ligas de estos jefes policiacos con el CJNG. En el estudio Jalisco: la amenaza del crimen organizado, de José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, se indica: “…Tampoco pueden ignorarse los señalamientos que hay respecto a que el anterior secretario de Seguridad Pública y actual fiscal general, Luis Carlos Nájera, está vinculado al CJNG.

“Es cierto que esos señalamientos no han sido probados, pero también que el resultado neto de la gestión del funcionario, primero como secretario de Seguridad Pública y ahora como fiscal, no es la contención de debilitamiento de los grupos criminales, sino lo contrario. Si la tarea de la Policía Preventiva es precisamente prevenir el crimen, el disparo de la violencia bajo la gestión de Nájera indica que él no cumplió con su cometido principal” (Proceso 2010).

En el video, el hombre dice representar a un grupo de policías inconformes y frente a la cámara, en 23 minutos, expone los presuntos nexos de los mandos policiacos con la delincuencia organizada, en especial la protección a los narcos por una cuota o “mochada”.

Señala que el subcoordinador de la Policía Investigadora, Benjamín Gutiérrez Vizcarra, identificado con la clave J2, intervino para que su hijo, también llamado Benjamín, se convirtiera en jefe de grupo “sin saber nada”. Pero sobre todo dice que el J2 “es el operador financiero” de Solorio Aréchiga.

Subraya que J2 impuso en las diferentes áreas de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la Zona Metropolitana y el interior del estado a comandantes y jefes de grupos “afines al CJNG y (el Cártel de) Sinaloa”, para desviar cualquier investigación que se abra contra ese grupo delictivo.

Incluso menciona que Gutiérrez Vizcarra “les permite que reciban una cuota mensual –de entre 100 mil y 150 mil pesos– por parte del crimen organizado y le dan su mochada a J2; éste se la hace llegar a Solorio y al Charly (Carlos Alejandro Torres Cárdenas, actual jefe de inspección de la policía)”.

Otro que estaría ligado con el CJNG es el comandante Carlos René Gómez Rodríguez, quien salió absuelto de señalamientos de extorsión, recuerda el hombre del video.

Según él, a los efectivos de la Fuerza Única Metropolitana y de la Regional se les ordena proteger a las células del CJNG que se dedican a robar combustible de los ductos de Pemex y al narcomenudeo:

“Si te atreves a interceptarlos, les llaman por teléfono a los jefes y te indican que los dejes en libertad y les entregues las armas. Siempre los jefes te dicen: ‘déjalos libres porque son de inteligencia militar’. Cosa que es falsa.”

Agrega que “si alguien se atreve a afectar intereses del CJNG o Sinaloa eres castigado o te inventan delitos, o hasta eres torturado por El Charly, a quien en la Fiscalía Central y en la Policía Estatal lo conocen como Charly Pacquiao, porque no llega preguntando, sino golpeando. Sólo perjudican a los policías que protegen a otros cárteles o células delictivas”.

Aún más, prosigue el anónimo vocero de los inconformes, si alguien “no se alinea, te inventan delitos, te amenazan para firmar la renuncia o te abren averiguación”.

Uno de los datos más graves que se denuncia en el video es que con Nájera Gutiérrez de Velasco a cargo de la seguridad del estado han desaparecido más policías:

“Hubo y hay continuamente levantados, tanto en la Policía Estatal, municipal e investigadores, pero no se dan cifras reales (…) Nájera dice que es porque están coludidos con el crimen organizado. Pero hay tres formas en que el crimen organizado ataca a los funcionarios: una es porque le entras, otra porque no le entras y otra porque los traicionas.”

Sobre la impunidad de los mandos policiacos, el hombre del video apunta que Nájera le dijo a dos gobernadores, el panista Emilio González Márquez y el priista Aristóteles Sandoval Díaz, que el crimen organizado no pactaría con las autoridades “si no era a través de él, en su calidad de titular de la Fiscalía General, anteriormente se desempeñó como secretario de Seguridad Pública.”

Graves señalamientos

El encapuchado que se presenta como vocero de policías inconformes señala que El Charly Torres Cárdenas se entrevista con jefes de células del narco en el estado, por eso Nájera le concede todo lo que pide “y le solapa los homicidios, los levantones y el tráfico de armas y drogas en patrullas”.

Dice que los comandantes de convoy en la zona metropolitana y en el resto de los municipios “reciben su mochadas”, y son iguales en corrupción “los directores y subdirectores de la Policía Auxiliar, custodia de edificios, antimotines, de cabina y de Palomar, todos son afines del crimen organizado, o sea que es el requisito para ocupar un puesto” policiaco.

En relación con la ejecución del diputado federal priista Gabriel Gómez Michel y de su asistente, Heriberto Núñez Ramos, levantados el 22 de septiembre de 2014 en Tlaquepaque, revela que sus superiores retiraron de la zona a la Fuerza Única y buscaron culpar a la Policía Municipal.

“Siempre que hay errores le echan la culpa a otros, eso no es ser inteligente. Al diputado le pusieron un GPS que es la forma de actuar hoy del crimen organizado, para no andarlo siguiendo día y noche”, afirma.

Añade que en la investigación encontraron que, después del secuestro, la camioneta del diputado hizo escala en una gasolinera para cargar combustible y comprar alimentos; el hecho quedó registrado en una grabación del negocio.

“A los días volvió a ir la SEIDO, y resulta que le dijeron que había llegado un comando armado y se llevaron todo el equipo, y que ya no era posible rescatar los videos, sólo en las oficinas centrales de las tiendas Oxxo”, relata el hombre en el video. Esta versión ya había circulado el año pasado, en otras fuentes policiacas.

Y acerca del reciente desarme de las policías de Cocula y de Casimiro Castillo por parte de la Fuerza Única, el lector del comunicado afirma que se realizó “porque no se quisieron alinear con el CJNG, cuando toda esa zona es territorio del Mencho”.

Si fuera por sospechas de infiltración, cuestiona por qué no “desaparecen a la policía de Zapopan si ellos habían levantado a unos estatales. Nájera lo sabe: porque ahí está el Cártel de Sinaloa, la familia Quintero, los hijos de grandes capos que estudian en la Universidad Autónoma, donde estudia el hijo de Nájera”.

Revela que el comisario de Seguridad Pública de Zapopan, Pedro Martín del Campo Guzmán, “es gente del Charly, ya que era el subdirector de Inspección de Policía en la Secretaría de Seguridad, quien ya está alineado con el crimen organizado”.

Según él, una vez que reciben el dinero proveniente del crimen organizado, sus superiores se encargan de “lavarlo”. Detalla que el fiscal general lo hace a través de una cadena de estéticas llamada Emergency y de inversiones en la compra de cuadros de pintores reconocidos. Además, indica, Nájera y Solorio Aréchiga blanquean los recursos en camiones del transporte público y taxis, mientras que El Charly opta por adquirir viviendas.

Y hace una revelación inquietante: que a unos cursos de capacitación que impartieron asesores colombianos por medio de la FGE, no dice en qué fecha, acudieron El Mencho; Francisco Rangel Valencia, El Pollo, familiar del clan de los Valencia, así como Heriberto Acevedo Cárdenas, El Gringo, éste último abatido en Zacoalco de Torres el pasado 23 de marzo.

Refiere que junto con los presuntos delincuentes tomaron dichos cursos Solorio Aréchiga, El Charly, “Isaac del grupo Jungla”; así como los directores de las policías Auxiliar y Rural.

Detalla que la muerte del Gringo “no fue coincidencia. Nájera y El Mencho acordaron ponerlo para calmar la presión de la sociedad y del gobierno federal”.

Prosigue: “Al Gringo le sembraron armas y granadas, de eso se enteraron policías municipales de poblaciones aledañas y hasta le dispararon con granadas a la camioneta. Y quien se hizo cargo de los teléfonos fue Fausto, de la Policía Investigadora, para que no vieran que tenía contacto con jefes policiacos”.

El Gringo fue señalado por las autoridades de robar combustible y de orquestar el ataque a militares en Guachinango el 12 de mayo de 2014. En el sitio fallecieron cuatro soldados y dos quedaron heridos.

En el video, el policía denunciante precisa: “Es falso lo que dijeron a la prensa, de que ya tenían una investigación de él desde que mataron a los militares en Guachinango. Quien hizo todo eso y lo de San Martín de Hidalgo fue El Sapo, quien ha amenazado a los militares y tiene una casa de seguridad en Las Palmas, municipio de Vallarta”.

Por otro lado, se queja de que mientras el grueso de los efectivos carece del equipo adecuado, los vehículos nuevos de la corporación se asignaron a los policías estatales que “están ligados con el crimen organizado, y en la Policía Investigadora traen escolta y carros para las amantes”.

Por eso, ante las declaraciones del gobierno estatal, se pregunta si “el estado está tranquilo para qué le ponen escoltas a la mamá, esposa, hijos y hermanos. En la Autónoma de Guadalajara ven llegar al hijo de Nájera en un Charger gris blindado de lujo, a exceso de velocidad, con placas oficiales”.

Privilegios que alcanzan para dotar a sus amigos empresarios de una escolta, como el dueño del diario El Informador, Carlos Álvarez del Castillo, y cuando viene a Guadalajara, al propietario de Promomedios de Occidente, José Pérez Ramírez. Otros que tienen guaruras son el corredor de autos Sergio Pérez y el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián.

Menciona al menos a tres reporteros de medios electrónicos e impresos que, según el grupo inconforme, “alcahuetean las injusticias” al no difundir la información que poseen.

La grabación concluye con un reclamo: “Nos prohíben trabajar, nos castigan y hasta nos quitan los celulares, ¡pero si ellos son los que están coludidos con el crimen organizado! Les dijimos que si seguían hostigando no íbamos a parar de denunciar todas las anomalías, y faltan más”.

Entonces se dirige a sus jefes: “Ustedes se están haciendo millonarios, sacrificando la vida de compañeros. ¿Cuántos faltan por caer muertos?”.  

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