Entre los cambios más relevantes están que los jueces y magistrados serán fiscalizados y nombrados por el Senado, y podrán ser juzgados penalmente si cometen actos de corrupción en tribunales especializados. Otro punto relevante es que se crea un Código Penal único: México tiene 32 códigos distintos, uno por cada Estado, lo que daba definiciones y castigos diferentes para delitos como el feminicidio.