En Salamanca se acaba de abrir una gran grieta en el endeble Sistema Nacional de Protección a Menores y Adolescentes (Sipinna), al confirmarse un cúmulo de violaciones a derechos humanos y delitos civiles y penales cometidos por los responsables del centro de asistencia social “Ciudad del Niño”, en cuyos albergues residen unos 300 niños, niñas y adolescentes, con la complicidad y protección de Vicente Fox al director de la organización, el sacerdote católico Pedro Gutiérrez Farías.

Niños sodomizados, maltrato físico, castigos corporales y psicológicos entre ellos encierros en habitaciones a oscuras y sin alimentos; desatención médica y abusos sexuales fueron confirmados por varios menores, cuyos testimonios quedaron recabados en la sentencia de amparo 475/2016-VIII, dictada el 9 de junio pasado por Karla María Macías Lovera, juez novena de distrito con sede en Irapuato.

Pero resultó que, como parte de la información que fue solicitada por la juzgadora para la revisión del caso, se le entregaron diversas actuaciones emprendidas por el MP del fuero común (Procuraduría de Justicia), Sistema DIF, Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos y Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, que desde meses atrás, y en algunos casos hasta años, registraron estas situaciones, sin que a la fecha el sacerdote y su equipo de colaboradores hayan afrontado una sola consecuencia por las violaciones detectadas.

El padre Pedro, al que el expresidente Vicente Fox y su esposa Marta Sahagún visitan y auspiciaron la construcción de uno de los albergues, aparte de que fue declarado “salmantino distinguido” y cuyo nombre lleva una calle de esta ciudad, pudo sin problemas obtener en el Registro Civil actas en las que cambió los apellidos de 134 niñas y niños recibidos en sus albergues.

Estos menores llevan el apellido paterno del sacerdote, y como materno, el de la monja Hortensia Jiménez Cruz, una de sus principales colaboradoras del religioso y quien fue señalada también en las declaraciones recabadas como autora de maltratos en el centro de asistencia.

“La menor AGJ, de 12 años, dijo en la entrevista recabada por el fiscal investigador que cuando llegó a la casa hogar se llamaba MDJ y su hermana NDJ, pero ahí les cambiaron el nombre, y ahora se llama A Gutiérrez Jiménez y su hermana P Gutiérrez Jiménez (primer apellido de Pedro Gutiérrez Farías y Hortensia Jiménez Cruz)”, reproduce la sentencia.

La resolución del amparo ha puesto en entredicho la implementación del Sistema Nacional de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes que opera desde el 2015 (la ley general fue aprobada en 2014) y, como lo señala el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), Juan Martín Pérez García, exhibe la falta de interés, recursos y voluntad política de quienes encabezan este sistema, en destacado lugar el presidente Enrique Peña Nieto, “para quien no es una prioridad esta agenda”.

La sentencia de amparo está originada en un juicio por la definición del resguardo y patria potestad de una menor, cuya madre la había dejado en dicho centro y a quien el director del centro –el padre Pedro Gutiérrez– se negaba a entregársela.

“Hay que destacar el papel tan valioso de la juez, porque pudo haberse limitado a dar el amparo a únicamente una niña, pero decidió hacer lo que debe hacer cualquier juez de acuerdo con el interés superior de la niña y amparar a todos los menores del albergue”, dijo a Apro el director ejecutivo de la Redim, quien apunta directo a las responsabilidades y omisiones de las autoridades de los tres niveles:

“Están la Procuraduría de Protección, el DIF y la Procuraduría de Justicia que no investigaron las denuncias que se habían dado antes; la Procuraduría de Derechos Humanos que recibió otras denuncias; el DIF nacional que ya tenía conocimiento de estos casos, y la Secretaría Ejecutiva del Sistema, que no gestionó las medidas de apremio para investigar si había daño a los niños y evitar visitar el lugar para verificar las quejas”.