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La empresa Nery Music agencia de contrataciones de Julion Álvarez recientemente acusado por el Department of Treasury's Office de narcotrafico y lavado de dinero podría estar vinculada con el Ayuntamiento de Sayula, Jalisco, organizador de los eventos del Carnaval Sayula 2017 en donde se despilfarraron 10 millones de pesos para narcocorridos mientras que en la población se carecía de medicamentos e insumos en el hospital.

El Ayuntamiento de Sayula presidido por el alcalde Jorge Campos (PAN-PRD) quien fuera duramente cuestionada por desviar millones de pesos para la realización de eventos con narcocorridos pudo haber tenido relaciones en el desvío de fondos municipales al contratar a precios exorbitantes a cantantes de narcocorridos que incitaban a la violencia.

El Ayuntamiento de Sayula se ha negado hasta la fecha en presentar copias de los contratos de prestación de servicios entre los artistas de narcocorridos El Bebeto, Remi Valenzuela, Gerardo Ortiz, Banda el Mexicano y el amateur Maximo Franco. Esto pese a que se han realizado en diversas ocasiones la petición formal ante el ITEI. El encargado del departamento de transparencia Froylan Candelario Morales (hermano de la regidora Fabiola Candelario PAN) se ha negado a presentar la información a los solicitantes, haciéndose cómplice de obstrucción de justicia y podría ser tambien perseguido legalmente.

Luego de que Candelario Morales se negara a proporcionar la información sobre los gastos de el carnaval y los nombres de las compañías promotoras de narcocorridos, Acontecer se dio a la búsqueda por medios alternativos y encontró datos interesantes. La empresa Nery Music de Sinaloa, como se puede ver en su website www.nerymusic.com se dice ser la Agencia de Contrataciones de Julion Álvarez ahora investigado por la DEA por sus nexos con el narcotrafico y lavado de dinero. En su website, la agencia presume ademas de ser el contacto directo para los cantantes de narcocorridos el Komander, el Bebeto, Remi Valenzuela, Gerardo Ortiz y el amateur Maximo Franco entre otros.

Este ultimo (Maximo Franco) es originario de Sayula y cuñado de Antonio Michel quien se dice ser tambien su manager. Antonio Michel fue quien furiosamente hostigo y amenazo de muerte a los activistas sociales que pedian un carnaval mas austero y que el presupuesto fuera mejor designado para la gestión y compra de medicamentos para el hospital. Antonio Michel es promotor de narcocorridos y fue hasta donde se tiene conocimiento narcomenudista quien gustaba de meter grandes cantidades de mariguana en las fiestas de los estudiantes.

Durante todo el tiempo que Acontecer ha tratado de solicitar información sobre el destino de 10 millones de pesos utilizados para el carnaval Sayula 2017 este ha sido continuamente hostigado y amenazado por miembros de el Ayuntamiento. Tanto el funcionario publico Froylan Candelario como el promotor de narcocorridos Antonio Michel mantienen una guerra abierta en contra de el Diario Digital Acontecer. El hostigamiento va desde amenazas de muerte, difamación en las redes sociales y hasta publicaciones apócrifas en algunos periodicos locales oficialistas.

Hasta la fecha, el Ayuntamiento de Sayula Jalisco se ha negado a presentar cuentas claras así como los nombres de las empresas de narcocorridos y los contratos de prestación de servicios entre estos y el Ayuntamiento sayulense.

Jorge Campos (PAN) quien ha seguido el camino de el ex alcalde Samuel Rivas (PRD) se ha dedicado a fomentar la narcocultura en todo el municipio, actualmente se encuentran oficialmente 248 cantinas en el municipio (una cantina por cada 153 habitantes). Dichas cantinas o centros de distribución de alcohol son solo la punta del Iceberg.

Hasta la fecha, el Ayuntamiento de Sayula sigue obstruyendo la justicia y fomentando narcocorridos y violencia entre los sectores mas vulnerables de la sociedad.

Por lo pronto a medida de que las investigaciones continúan, el gobierno de los estados unidos ha ordenado cancelar las visas de los presuntos prominentes narcotraficantes. También se les ha congelado todas sus cuentas bancarias y todos sus bienes, no se descartan largas condenas de cárcel.

Mientras que duran las investigaciones, hacemos directamente responsables a Antonio Michel y el Ayuntamiento de Sayula por cualquier daño o ataque violento que cualquiera de los colaboradores de el periódico Acontecer llegara a tener.

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