70 trabajadores de campos agrícolas –en su mayoría guanajuatenses- permanecen en un rancho de la localidad de Sumas, en Washington, tras ser despedidos injustificadamente por protestar por la muerte de uno de sus compañeros que no fue atendido oportunamente por una negligencia de sus patrones, según denunciaron.
El grupo forma parte de unos 500 que fueron contratados a principios de mayo en México para laborar en la pizca de arándano en un rancho de Stockton, California, durante dos meses y con la visa H2-A.
Sin embargo, al concluir el permiso laboral, la empresa Sarbanand Farms decidió seleccionar a un grupo de estos trabajadores, para trasladarlos a otro rancho en la localidad de Sumas, Washington –propiedad de la misma empresa, pero con otra razón social- sin importar que la visa ya había concluido y ellos laborarían de manera ilegal.
Ya en Washington, Honesto Silva Ibarra, jornalero agrícola de 30 años, originario de Rincón de Romos, Aguascalientes, pero habitante de la comunidad Venaditos, de Ojocaliente (Zacatecas) falleció a causa de un derrame cerebral, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores.
“Los más de 80 trabajadores de los Estados de Michoacán, Guanajuato, Nayarit, Zacatecas, Durango, Jalisco, Tamaulipas, Oaxaca, Guerrero, fueron engañados y despedidos al percatarse de la muerte del joven Silva Ibarra, quien tuvo que ser trasladado de emergencia al Haborview Medical Center, aparentemente con un derrame cerebral…falleció el pasado fin de semana”, informó el abogado y asesor de migrantes Omar Silva Aguilar.
Sus compañeros acusaron al mayordomo del rancho de ignorar los malestares presentados por Silva Ibarra, por lo que no se le brindó atención médica oportuna, y al protestar por ello fueron despedidos.
Los trabajadores se encuentran actualmente viviendo en un campamento y cuentan con un abogado que lleva la defensa de su caso, reclamando que la empresa respete sus garantías laborales, así como el pago de un finiquito y de su retorno a México, puesto que su visa laboral expiró y no se tiene la certeza de que la empresa que los contrató haya tramitado la extensión, lo que significaría que estarían en calidad de ilegales en territorio estadunidense.
Los trabajadores migrantes fueron visitados el fin de semana por personal consular y del Instituto Guanajuatense de atención a migrantes guanajuatenses y sus familias.
Los funcionarios acudieron a la granja donde fueron contratados originalmente más de 500 trabajadores mexicanos, de los cuales unos 300 son originarios de Salvatierra, Huanímaro, Abasolo y Celaya.
En el caso de los migrantes guanajuatenses, éstos fueron contratados por una empresa reclutadora con sede en Celaya, la cual les extendió un contrato escrito en inglés, señaló Omar Silva en entrevista telefónica con Apro desde California.
Durante esta visita, la directora del Instituto guanajuatense de atención al migrante, Guerra Vallejo y el propio Silva Aguilar, recorrieron las instalaciones de la granja y ahí los trabajadores manifestaron su inconformidad por el trato que reciben, la comida insuficiente y las jornadas en campo abierto sin descanso en la sombra y sin pago al “over time” (tiempo extra).
“Hay más de 300 guanajuatenses trabajando en ese rancho, no corroboramos si la visa H2A fue extendida, no nos fue presentado el folio de extensión”, señaló Omar Silva. “Estos trabajadores, así como reciben el dinero así lo mandan a sus familias a México, a sus familias, están inconformes porque los despidieron sin ningún finiquito, sin indemnización y con engaños diciéndoles que les van a extender la visa para que se quedaran y no tienen esa certeza”.
Por esta situación, señaló Silva, se está levantando un cuestionario por abogadas de Migración y con la asesoría legal de un abogado que pertenece a una organización de apoyo a migrantes para conocer la situación individual de cada uno, con la finalidad de ayudarlos a regresar a México o a quedarse laborando en los Estados Unidos –dependiendo de cada caso- mediante la obtención de visas para quienes han sido víctimas de delito, en este caso de tráfico de personas.
“Se los llevaron ya con las visas vencidas, lo que los puso en una situación de tráfico humano, ilegal y con riesgo de ser deportados y no poder regresar a los Estados Unidos –advirtió Silva Aguilar-. El abogado nos dijo que ya hubo dos casos anteriores muy similares a estos, nos dio viabilidad de tener un resultado favorable en Washington. Pero en California se tendrá que iniciar otra acción legal por la violación al contrato y la irregularidad de las visas H2A, por el traslado de California a Washington”, añadió
Por estas situaciones, dijo el asesor migrante, es que se hace cada vez más urgente y necesario crear una secretaría para asuntos migratorios en gobiernos estatales con alto índice de expulsión, como es el caso de Guanajuato.
“El Instituto de atención al migrante está rebasado. Las comisiones de asuntos migratorios legislativas tienen escasas iniciativas. Se necesita una secretaría a nivel estatal y federal con políticas innovadoras y visionarias porque la migración es un factor de desarrollo que permite construir puentes entre los países. Y hay mucho desconocimiento”, concluyó.
