Cada año, cerca de un millón de mexicanos salen de sus comunidades para convertirse en jornaleros agrícolas en los campos del norte del país; ahí, algunos enfrentan la explotación infantil, el engaño y las mentiras, el trabajo forzado o a destajo, el hacinamiento en viviendas insalubres o la obligación de hacer las compras en la “tienda de raya”.

De acuerdo con la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas (RNJA), esta población permanece “invisible” en la sociedad, por lo que los crímenes terminan, en general, sin castigo.

En la impunidad quedaron, por ejemplo, dos casos de desaparición masiva de jornaleros agrícolas: uno ocurrió en 2004 y otro el 2010. En el primer caso alrededor de 200 personas originarias de Mazatlán Villa de Flores, Oaxaca desaparecieron camino hacia los campos de Sinaloa; el segundo, cuando cerca de 40 jornaleros desaparecieron en la frontera limítrofe de San Luis Potosí con Tamaulipas.

En un campo de Sonora, un joven se quejó por dolores de cabeza. La empresa se negó a trasladarlo a un hospital. Sus compañeros juntaron dinero para enviarlo a Hermosillo. Llegó demasiado tarde para ser atendido y falleció.

Desde principios de año, la RNJA documentó nueve casos de fallecimiento por falta de atención médica en zonas agrícolas, algunos de los cuales involucraron a niños y adolescentes.

Estos son unos de los testimonios aterradores de jornaleros que representantes de la RNJA presentaron este martes 28. “Son historias de terror que no pasarían si la política social se enfocara hacia los derechos sociales y no fuera tan asistencialista”, según Margarita Nemecio, coordinadora de la red.

“Las violaciones son constantes y sistemáticas –dijo–. Nos preocupa que no los veamos estos testimonios cuando tenemos hortalizas en la mesa… es más común ver el mole que la mano de obra”, y denunció la “invisibilidad” que padecen los jornaleros agrícolas migrantes, y que los somete a condiciones de vulnerabilidad todavía mayores.

La red pidió al gobierno mexicano que proteja los derechos de los trabajadores a través de la elaboración de un registro de las migrantes jornaleras agrícolas en el país, el ingreso de los migrantes internos al sistema de seguridad social, y el abandono definitivo del “estigma y la criminalización” hacia ese grupo social, entre otros.

Las recomendaciones están dirigidas a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), las dos instituciones encargadas de garantizar el respecto a los derechos de los jornaleros agrícolas.

Según la doctora María Antonieta Barrón, investigadora en la UNAM, no es casualidad que los jornaleros provengan en su mayoría de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, las tres entidades más azotadas por la miseria en el país, donde 70% de la población en promedio vive en la pobreza o la pobreza extrema.

En estos tres estados, más de seis de cada 10 habitantes tienen un ingreso laboral que no alcanza para comprar los insumos de sobrevivencia contemplados en la canasta alimentaria, de acuerdo con un estudio que dio a conocer el lunes 27 el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Ahí, deploró la académica, “las condiciones de vida son aterradoras, y la política social no está impactando en el combate a la pobreza”.

Relatos de la infamia

Para los jornaleros migrantes, el acceso a la justicia resulta difícil: en general, las agencias del Ministerio Público se encuentran a varias horas del campo de trabajo –acudir a ellas implica perder días de trabajo–, y cuando logran interponer una denuncia, las autoridades suelen tardarse varios meses en resolverlos, mientras que los jornaleros permanecen en el lugar durante temporadas relativamente cortas. Por ello, “la mayoría de los casos no se denuncian”, insistió Gómez.

Por si fuera poco, las instancias de justicia tienden a analizar los casos de los jornaleros desde el punto de vista laboral y no penal, comentó Jesús Carmona Sánchez, secretario técnico de la organización potosina Respuesta Alternativa.

Otros sufren engaños por parte de las redes de reclutadores que operan en las comunidades remotas del país. En su relato, un jornalero chiapaneco explicó que, para engancharlos, los reclutadores de una empresa en Sonora le prometieron salarios de hasta 100 pesos por día, con comida y alojamiento incluidos.

Sin embargo, al llegar ahí debían pagar 360 pesos semanales para la alimentación, y todos los días cargaban botellas de dos litros de agua sucia para beber.

Algunos casos documentados denuncian que las viviendas donde descansan los trabajadores agrícolas son insalubres, y no cuentan con las necesidades básicas como el agua o la luz; duermen en situación de hacinamiento y promiscuidad, pues hombres y mujeres comparten los espacios.

Margarita Nemecio contrastó las declaraciones oficiales según las cuales el trabajo infantil está prácticamente erradicado en México, pues aseveró que todavía existe, y que en general las políticas públicas aplicadas agudizaron la situación.

Explicó que, para evitar problemas, patrones agrícolas niegan el acceso de menores de edad a los campos, por lo que muchos niños se encuentran afuera, sin ocupación ni becas para la escuela.

“No hay cifras confiables que demuestren cuántos (de estos niños) realmente tienen acceso a la educación, a la alimentación, a la salud, a la seguridad y a albergues dignos”, expuso.

Y no sólo esto: en su camino hacia los estados productores de hortalizas, algunos jornaleros sufren extorsiones por parte de policías o agresiones de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), quienes a veces los confunden con migrantes.

Pedro Roberto Gómez López, representante de la organización sonorense Yosonovico, leyó testimonios aterradores de jornaleros migrantes indígenas tzeltales originarios de Chiapas, quienes fueron detenidos en septiembre de 2015 por agentes del INM mientras viajaban en el autobús que los llevaba a Guaymas, en Sonora.

Los agentes afirmaron que sus actas de nacimiento eran apócrifas y los encarcelaron en el centro de detención migratoria de Querétaro, donde a uno le aplicaron toques eléctricos y otras vejaciones para que confesara que era de origen salvadoreña. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tomó cartas en el asunto y emitió la recomendación 58/2015, en la que condenó las acciones de los agentes.