Una juez federal ha denegado al presidente Donald Trump su petición de poder mantener detenidos indefinidamente a menores inmigrantes que cruzaron la frontera de manera ilegal. La magistrada Dolly Gee, de la corte federal de Los Ángeles, ha ratificado este lunes una sentencia judicial de 1997, conocida como Acuerdo Flores, que estableció que el Gobierno federal no tiene derecho a retener bajo su custodia más de 20 días a niños migrantes arrestados.

El Departamento de Justicia había solicitado la suspensión de este acuerdo para facilitar la aplicación de la orden ejecutiva que firmó el 20 de junio Trump para terminar con la separación de padres e hijos inmigrantes tras su detención. A fin de mantenerlos juntos mientras durasen los procesos penales, el gobierno requería que no hubiese límite de tiempo para custodiar a los menores.

En su resolución la juez califica de "cínico" el intento de la administración de sortear las reglas. El Departamento de Justicia argumentó que sin congelar el Acuerdo Flores el gobierno no podría cumplir a la vez con la política de tolerancia cero del presidente –que implica procesar penalmente a los migrantes detenidos– y con la orden de un juez de San Diego de reagrupar a todas las familias separadas en la frontera.

Gee responsabilizó al gobierno del "estancamiento actual" de la política migratoria y sostuvo que su fallo vela por el bienestar de los menores. "Los niños que son beneficiarios de las protecciones del Acuerdo Flores y que ahora se encuentran bajo la custodia de los demandantes [el gobierno] no tienen culpa. Están sujetos a las decisiones hechas por adultos sobre los que no tienen control. En la implementación del Acuerdo Flores, sus mejores intereses deberían ser primordiales".

La decisión complica aún más el rompecabezas al que se enfrenta el gobierno tras lanzarse a enmendar sobre la marcha el efecto más escandaloso de su política de tolerancia cero, la división de padres e hijos inmigrantes. Inmersos en el caos burocrático por el rumbo errático de la Casa Blanca, los departamentos federales involucrados no están siendo capaces de cumplir los plazos impuestos por el juez de San Diego para reunir a las familias. Ahora que el Acuerdo Flores sigue en pie, la nueva incógnita radica en ver qué se hará para mantener juntos a adultos y menores procesados.