España batió un récord en la venta de armamento a Arabia Saudí el año en que estalló la guerra de Yemen. Los datos oficiales reflejan que 2015, el ejercicio en que se firmó también la polémica venta de 400 bombas que finalmente se entregarán a Riad, registró operaciones mucho más jugosas con la monarquía saudí. Las exportaciones a ese país representaron un 14% del total y prácticamente duplicaron (crecieron un 86%) las cifras de 2014. Aunque las empresas españolas destinan su producción principalmente a Estados de la UE y de la OTAN, las ventas al Estado de la península arábiga y a otros de dudosa reputación en derechos humanos se han disparado en los últimos años. Ante la creciente presión de ONG críticas con esta evolución, el Gobierno estudia estrechar los controles del uso que hacen del armamento español los territorios que lo adquieren.

Los datos oficiales enmascaran la exportación de las 400 bombas de precisión que España autorizó vender a Riad en 2015. Ese año hay consignadas licencias por valor de 584 millones de euros, el máximo de la serie, aunque la cifra real de ventas fue ligeramente inferior. Los registros del Ministerio de Economía dividen el armamento exportado en categorías y solo detallan las operaciones de mayor cuantía. Dado que esta solo ascendió a 9,2 millones de euros, lo más probable es que aparezca dentro de la rúbrica de bombas, que sumó casi 68 millones.

Lo que está fuera de dudas es que ese año marcó el cenit de una fructífera relación afianzada a partir de 2013, cuando Arabia Saudí se colocó entre los principales destinos de los productos de defensa españoles (hasta entonces las ventas eran muy limitadas). “España vende a un amplio número de países. La mayoría son Estados fiables. Pero en la lista aparecen Arabia Saudí y otros a los que se venden equipos militares”, explica desde Estocolmo Pieter Wezeman, investigador del Sipri, el instituto europeo de referencia en estudios de seguridad.

Tomando todas las ventas en su conjunto, España exportó armas por valor de 4.347 millones de euros el año pasado, más del doble que en 2012. Estos volúmenes colocan a España en el séptimo puesto mundial por volumen de exportación de defensa, según el Sipri, con Arabia Saudí como tercer cliente con mayor peso. Wezeman detecta “pocas restricciones” en los criterios españoles de venta a países con riesgo de represión y pone como ejemplo de buenas prácticas a Holanda, Suecia, Noruega, Alemania y, en menor medida, a Bélgica y Finlandia.

Esas operaciones resultan cada vez más controvertidas, especialmente en el contexto de la guerra de Yemen, un conflicto que desangra al país desde hace más de tres años y en el que la coalición que lidera Arabia Saudí es considerada por la ONU responsable de violaciones de los derechos humanos. Los 270 millones de euros de euros que las empresas españolas de armamento exportaron a Riad el año pasado —con aviones, proyectiles y granadas en la cesta comercial— suponen el 6,2% de todas las operaciones. No es la única partida problemática. La plataforma Armas bajo control, integrada por las organizaciones más activas en este terreno (Intermón Oxfam, Amnistía Internacional, Greenpeace y FundiPau) detectó el año pasado transacciones “de extrema gravedad”, en concreto a Arabia Saudí e Israel, y otras ventas preocupantes a 17 países.

En ese epígrafe figuran, por ejemplo, granadas, bombas, vehículos y piezas a Emiratos Árabes Unidos o armas pequeñas a las fuerzas armadas de Bahréin. Ambos países participan en la coalición saudí en Yemen. También inquietan las armas ligeras vendidas al Ministerio de Defensa en Irak o el material antidisturbios destinado a la policía de Túnez. Fuera de esa región tan convulsa, la munición destinada a la policía brasileña, las armas pequeñas vendidas en Colombia y Perú o el material destinado a Turquía despiertan recelos en esta organización, que se ha reunido recientemente con el Gobierno español para trasladarle sus demandas.

Paralizar las operaciones

“Con el episodio de Arabia Saudí, el Ejecutivo ha perdido la oportunidad de ponerse a la cabeza del mundo en el control de las exportaciones de armamento”, lamenta Alberto Estévez, portavoz de Armas bajo control. Estévez es consciente de que no se puede paralizar sin más todo el comercio armamentístico con países ajenos a la OTAN y a la UE, pero sí pide un gesto —una paralización cautelar de las transacciones— en el caso de los envíos a Riad. Resulta poco probable que el Gobierno, después de anunciar que frenaría la entrega de misiles láser a la monarquía saudí y luego diera marcha atrás ante el riesgo de que ese revés obstaculizara otras operaciones, tome esa decisión tan drástica.

Estévez concede, pese a todo, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez muestra algunos signos de compromiso. Entre ellos, acelerar un equipo que ya estaba en marcha para promover cambios legales que garanticen un mayor control expost de las ventas de armas. “Todo ha mejorado, pero aún queda mucho camino por recorrer, en particular en el control parlamentario de estas operaciones y en transparencia”, resume.

La ley española, que data de 2007, prohíbe exportar material si existe el riesgo de que se emplee contra los derechos humanos, de que salga del país de destino o de que se revenda a terceros. Los territorios sujetos a control deben certificar el cumplimiento de estos requisitos, aunque en la práctica resulta imposible garantizarlos. Una junta interministerial (adscrita al Ministerio de Economía y compuesta también por Exteriores, Defensa, Hacienda e Interior) es la encargada de decidir si concede o no las licencias. Sus deliberaciones son secretas, aunque debe informar al Parlamento cada semestre de lo que autoriza y lo que deniega. Este organismo se reunirá el próximo miércoles.

Estados Unidos, la primera potencia militar del mundo, tiene criterios más transparentes y requiere el visto bueno del Congreso para algunas exportaciones. Pero ni siquiera ese país pone la lupa sobre todas las transacciones. El Departamento de Estado estadounidense rehúsa ofrecer información sobre las 400 bombas vendidas a Arabia Saudí (que previamente fueron transferidas desde Estados Unidos a España) con el argumento de que no puede divulgar detalles sobre operaciones de poca cuantía o que impliquen a un cliente extranjero.