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Washington. El juez Jon S. Tigar, de la corte federal de distrito de San Francisco, emitió una orden de restricción temporal contra el decreto del presidente Donald Trump que prohíbe el derecho de asilo a todo migrante que cruce la frontera sur sin documentos, mientras miles de centroamericanos se desplazan por México para llegar a Estados Unidos.

Con la llegada de las primeras caravanas de migrantes a la línea fronteriza, Trump decretó el 9 de noviembre que toda persona que cruce a territorio estadunidense de manera ilegal no será candidata para recibir asilo. Argumentó que el veto era necesario para frenar una amenaza a la seguridad nacional.

Pero el juez sustentó en su fallo que el decreto presenta un conflicto irreconciliable con la ley de inmigración y nacionalidad de 1965 que establece que cualquier extranjero que llegue a Estados Unidos puede pedir asilo sin importar cómo ingrese.

Sea cual sea el alcance de la autoridad del presidente, no puede rescribir las leyes de inmigración para imponer una condición que el Congreso ha prohibido expresamente, dictaminó Tigar durante la sesión, juez que fue nominado para el puesto por el ex presidente demócrata Barack Obama (2009-2017).

La orden, que se firmó el lunes, tiene alcance nacional y regirá hasta que la corte se pronuncie sobre el tema de fondo, para lo que el juez fijó una primera audiencia para el 19 de diciembre.

La Unión Americana de Libertades Civiles y el Centro por los Derechos Constitucionales, impulsores de la demanda, celebraron en redes sociales esta victoria y afirmaron: Bloquearla es un paso crucial para combatir los ataques del gobierno contra los solicitantes de asilo.

Horas más tarde los departamentos de Justicia y Seguridad Interior consideraron en una declaración conjunta que es absurdo que grupos de derechos civiles tuvieran la capacidad de impedir por completo que el gobierno federal actúe a fin de evitar que extranjeros indocumentados reciban un beneficio gubernamental que no les corresponde.

Nuestro sistema de asilo está roto, y cada año abusan de él decenas de miles de solicitudes sin mérito. Esperamos seguir defendiendo el legítimo y bien razonado ejercicio del Ejecutivo de su autoridad para abordar la crisis en nuestra frontera sur, indicaron.

Al menos 3 mil personas de la primera caravana llegaron a Tijuana, México, en la frontera con San Diego, California. Durante la aplicación del decreto presidencial, 107 personas detenidas solicitaron asilo, informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (DHS, por sus siglas en inglés).

Funcionarios de la oficina pidieron a los migrantes presentarse en los cruces oficiales para comenzar con sus papeles, pero muchos solicitantes ya han esperado varias semanas para ser atendidos.

Byron Torrez, nicaragüense de 28 años, lleva un mes en la frontera con California a la espera de que las autoridades le otorguen una licencia de asilo, no quiere hacer nada ilegal en Estados Unidos. Pese a que conoce del bloqueo a la enmienda de Trump, aseguró: No voy a hacer algo ilegal ahora.

Algunos funcionarios dijeron a la agencia Reuters que el gobierno de Trump evalúa si permitirá a los soldados aplicar exámenes médicos a los migrantes. La propuesta, que aún es un borrador, involucraría a los militares en las pruebas sólo si el personal de la DHS está saturado, añadieron.

La propuesta ampliaría la misión del ejército, debido a que el Pentágono dijo que no esperaba que sus tropas interactuaran directamente con los migrantes.

En este contexto, el Pentágono aseguró este martes ante el Congreso que utilizar a miles de elementos del ejército para ayudar a reforzar la seguridad en la zona suroeste de la frontera con México tendrá un costo aproximado de 210 millones de dólares, de acuerdo con los planes actuales.

Un total de 12 senadores pidieron en una carta dirigida al secretario de Defensa, James Mattis, que el Pentágono dé información que justifique el despliegue de tropas en la frontera entre Estados Unidos y México para reforzar la aplicación de leyes de inmigración.

La misiva también apremia a Mattis a abstenerse de enviar más soldados a la frontera sur hasta que el Departamento de Defensa pueda proporcionar una justificación irrefutable para el despliegue.

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