Organismos empresariales del estado rechazaron la propuesta del gobierno del estado de aumentar y crear nuevos impuestos en la entidad, y no descartaron la posibilidad de presentar un amparo colectivo contra la medida presentada por la administración del panista Francisco Vega de Lamadrid en la Ley de Ingresos 2019.

El presidente del Comité Técnico Estatal de los Consejos Coordinadores Estatales, Kurt Honold Morales, afirmó que sería una situación similar a la que se registró con la homologación del IVA al 16 por ciento con el resto del país hace cinco años, y con el incremento a la gasolina en 2017, "en caso de que los diputados, los órganos de fiscalización y el Gobierno del Estado no reconsideren esta posición".

Por su parte, el presidente de la Asociación de la Industria Maquiladora de Otay, Salvador Díaz González, señaló que de acuerdo con los aspectos generales de la Ley de Ingresos 2019, se pretende aumentar en 101 por ciento el Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal -que pasaría de 1.8 a 3.60%- lo que traería como consecuencia el incremento al impuesto adicional a la educación media superior, en un 25 por ciento, por lo que también rechazó la medida.

El dirigente de la industria maquiladora advirtió en un comunicado de prensa que la medida provocaría "serias repercusiones" en el sector pues aun cuando "el gobierno estatal puntualizó que Baja California es de las entidades que tienen un Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal de los más bajos, con esta medida se ubicaría en la primera posición", pues en promedio en la mayoría de los estados la tasa es de 2%, en otros de 2.5 % y el más alto del 3 por ciento.

Además, el dirigente maquilador advirtió que el gobierno de Vega de Lamadrid planteó incrementar en un 50 por ciento el costo de revalidación de placas y las tarifas de consumo de agua, por lo que afirmó que "sorprendió a los industriales la pretensiones del gobierno estatal, sobre todo ahora que se encuentran haciendo cálculos con respecto al incremento al salario mínimo y ya se está revisando el impacto de esta medida".

Honold Morales planteó -también en un comunicado de prensa- que la posición del organismo de la iniciativa privada es "por considerar que son medidas contracíclicas que violan el principio fiscal de progresividad", por lo que dijo que "no dudarán" en interponer un amparo.

Advirtió que el incremento al agua están considerados los sectores doméstico, comercial e industrial, los servicios que presta la Coordinación de Protección Civil a giros comerciales, industriales y de servicios y de igual forma se prevé un aumento al impuesto sobre la educación media superior.

En el mismo comunicado, el abogado fiscalista experto en materia de administración tributaria Adolfo Solís explicó que "a diferencia de la política fiscal del Gobierno Federal, que ha optado por la reducción de impuestos,  lo que incentiva la recaudación, la inversión y el desarrollo económico, el Estado está optando por imponer una carga contracíclica que inhibe al inversionista y afecta severamente la actividad empresarial".

Calificó que "es un contrasentido que mientras la Federación hace ajustes de impuestos a la baja, con la reducción del IVA en la frontera al 8 por ciento y el ISR al 20 por ciento, el Estado aprueba una Ley de Ingresos que impactará negativamente en la economía de la entidad".

Solís dijo que "aun suponiendo que fuera válido aprobar estos incrementos, lo elevado del aumento rompe con el principio constitucional de progresividad de los impuestos" que deben ser paulatinos.

Hace más de siete años la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional el impuesto a la educación media superior por considerar que tiene como base otros impuestos, lo cual representa una doble sujeción para el contribuyente. Esto significa que ante un amparo, el juzgado de distrito declarará en automático la inconstitucionalidad de dicha carga tributaria, dijo Adolfo Solís. 

Honold Morales afirmó que el sector está abierto al diálogo, pero reiteró la posibilidad de recurrir al amparo, y por su parte el dirigente de los maquiladores conminó a las autoridades estatales a reconsiderar estas medidas a fin de no afectar el dinamismo de los diferentes sectores, y exhortó a impulsar una política de austeridad.

La Ley de Ingresos 2019 que fue presentada por el secretario de Planeación y Finanzas del Estado, Bladimiro Hernández, plantea aumentar los ingresos estatales en más de mil 300 millones de pesos el próximo año, con la justificación de poder seguir brindando  mayor empleo a los ciudadanos, mencionó Salvador Díaz González.