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El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, está en la mira por presuntos actos de corrupción cometidos en perjuicio del patrimonio del Estado, denunciaron legisladores de Morena ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción.

Los diputados Bruno Blancas, María Esther López, Arturo Lemus, Norma Valenzuela, Erika Pérez y María Meza, presentaron un documento donde se precisa que la denuncia es por supuestos actos ilícitos del mandatario estatal relacionados con el arrendamiento de maquinaría agrícola que realizó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) de la entidad.

“Dicho delito puede presentarse en la licitación 1/2019 para contratar el servicio de “arrendamiento” de maquinaria agrícola por parte de la SADER”, agregea.

Acusan que han transcurrido tres meses desde que el recurso legal inicial se presentó ante las autoridades estatales sin que hubiera respuesta, por lo que decidieron acudir a otras instancias.

Manifestaron que la falta de avance en las indagatorias responde también a que el fiscal anticorrupción ha sido selectivo con su trabajo, dando prioridad a los señalamientos de su jefe político, y que la Contraloría estatal ha dado muestras claras de que carece de independencia, autonomía y criterios propios.

“De las indagatorias realizadas por nuestro equipo, encontramos que según la página del propio Gobierno del Estado, los recursos que destina la SADER son de origen federal, por lo tanto, la competencia de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción y a la Auditoría Superior de la Federación”, se lee en el documento.

Los diputados extendieron sus acusaciones al presidente del Comité Técnico de Adquisiciones, Luis López Sahagún; al secretario Técnico del Comité de Adquisiciones, Raymundo Andrade; al representante de la Contraloría del Estado de Jalisco en el Comité de Adquisiciones, Roberto Navarro; al director de Recursos Materiales y Financieros de la Sader, Rodolfo Espinoza Preciado y al director General Administrativo de la Sader, Agustín De la Fuente.

Entre los involucrados añadieron a Jorge Salinas Osornio, quien actualmente es trabajador de Operadora de Servicios Mega, S.A de C.V, contratista de la maquinaria agrícola, y hermano de Carlos Salinas Osornio, servidor público en Secretaría de Agricultura.

Tras exigir “verdad” y “transparencia”, los legisladores también solicitaron que como un acto de “congruencia y decencia”, Alfaro Ramírez sea separado de su cargo hasta que no se esclarezcan los hechos de la denuncia, una petición que además sustentaron en el artículo 124 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

“Reiteramos nuestro compromiso de lucha frontal contra la corrupción y la impunidad, refrendamos nuestra decisión de ser transparentes con hechos, con acciones, no con palabras ni discursos disuasivos”, finalizaron luego de exigir que el Gobierno jalisciense deposite en un fideicomiso los recursos de la licitación.

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