*Los daños causados al patrimonio municipal serian en los miles de millones de pesos

*En Tamazula, San Gabriel, Gómez Farías y Sayula hay casos comprobados de ordeña de agua por parte de aguacateros

*PROFEPA clausuró predios en varios municipios, por la tala ilegal de bosques para plantar aguacates

*Denuncian que en San Gabriel ya hay cultivos de aguacates en sitios que fueron quemados en abril pasado

Mitos cultivados por años en torno a la producción de aguacate en la región Sur de la entidad, comienzan a adquirir tintes de veracidad con las denuncias hechas por alcaldes y autoridades federales  acerca de la “ordeña” de agua potable, cambios ilegales en el uso de suelo y exterminio de áreas boscosas.

En los municipios de Tamazula y San Gabriel la población padece escasez en el suministro del vital líquido; la causa, según apuntan sus presidentes municipales, se debe a perforaciones hechas en tuberías destinadas al uso doméstico por parte de algunos aguacateros.

Con 952.88 hectáreas destinadas a las huertas del “oro verde”, según cifras del Comité Estatal de Sanidad Vegetal (CESAVEJAL), San Gabriel se ha convertido en uno de los cinco municipios con mayores asentamientos agrícolas de este ramo en el sur jalisciense.  El liderazgo en producción agroalimentaria ha redituado en consecuencias negativas para la población, de acuerdo con César Rodríguez Gómez, primer edil.

En el sistema de agua potable Copala-Alista (cuyo abasto agrupa también a los municipios de Tolimán y Zapotitlán de Vadillo) y en la localidad de El Jazmín, Rodríguez reveló haber padecido serias afectaciones en materia de agua potable durante la temporada de estiaje.

“Los productores están usando para riego el agua de uso corriente que va para la población del municipio, esto provocó que comunidades pequeñas en estiaje hayan padecido una demanda brutal. Por ejemplo, en La Penal y Presa de Tierra durante dos meses no les cayó ni una gota de agua, tuvimos que completar el servicio con pipas de la CEA y otras que contratamos con la iniciativa privada”, puntualizó el Alcalde gabrielense.

En la delegación El Jazmín, Rodríguez señaló un problema similar, aunado al perjuicio que los camiones madereros y aguacateros han dejado en los caminos vecinales de esta zona.

“Destrozan las brechas de comunidades pequeñas como El Aguaje, El Carpintero, Ojo de Agua y el propio Jazmín. Aunque algunos empresarios cooperan, son muy pocos y las reparaciones tienen que correr a cargo del municipio porque no podemos dejar incomunicada a la población. Esto pasa mientras algunas huertas tienen hasta pavimentaciones en su interior”, expuso Rodríguez.

Situación similar enfrentan en Tamazula de Gordiano, municipio donde el crecimiento exponencial de la producción de aguacate -que hasta el momento alcanza ya las 500.84 hectáreas- ha derivado en problemas para el abasto de agua potable que antaño eran inusuales.

El alcalde José Luis Amezcua acusa abiertamente a los agricultores de perforar tuberías del municipio para robarse el agua, y reveló haber interpuesto ya denuncias penales en su contra.

“Hace unos días nos quedamos sin agua potable en la cabecera durante tres o cuatro días. El Patronato del Agua subió, repararon la fuga pero no volvió al agua. Sólo hubo un predio a donde no los dejaron ingresar para observar si existía alguna anomalía, y ese predio está dedicado al cultivo de aguacate. Tuvimos que mandar a la Policía para que nos dejaran ingresar y encontramos una perforación en un tubo de entre una y dos pulgadas; tenían una manguera bombeándoles de ahí a un depósito para usarlo en el riego”, detalló el mandatario tamazulense.

En el mismo renglón, el viernes 13 de julio la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) emitió un comunicado de prensa para informar los resultados de una inspección a huertos de aguacate en varios municipios sureños, con el fin de detectar asentamientos sin autorización.

Como consecuencia del operativo emprendido por la dependencia federal, fueron clausurados predios en Gómez Farías (municipio con un total de 569.32 hectáreas); en uno de ellos se localizó la construcción de una olla de captación con medidas entre los 50 metros de largo, 30 de ancho y profundidad de 20 metros, cuyo destino era regar las plantaciones ilegales.

En Zapotlán el Grande, líder de la región en producción con 3 mil 543.13 hectáreas, los empresarios están llevándose el agua del subsuelo para regar sus cultivos, hecho que ha causado una enorme degradación en el acuífero de donde se lleva el vital líquido para la población.

Además, en la delegación de Atequizayán, los vecinos se quejan de que el limitado tanque que suministraba a esta comunidad ha sido rebasado desde que en la zona se detonó el vocacionamiento agrícola especializado en aguacate y berries.

Tala ilegal e incendios para cambiar el uso de suelo

El estiaje de 2017 será recordado como uno de los más letales para los bosques de la región Sur. Los incendios se propagaron en la zona de La Fortuna, municipio de Gómez Farías; en San Juan de la Montaña, municipio de Tamazula, durante 12 días se consumieron alrededor de 5 mil hectáreas forestales; en los límites de Zapotlán el Grande y San Gabriel, la larga duración de una de estas quemas obligó a que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco (SEMADET) emitiera una declaratoria de contingencia ambiental el 18 de mayo.

Rumores apuntaban a que gran parte de estos incendios no habían sido producto de la naturaleza, sino de la mano humana… pero no por accidente, sino con el fin de limpiar predios y obligar a su cambio de uso de suelo, para luego plantar sobre la superficie siniestrada aguacate.

César Rodríguez le puso punto a los rumores y declaró haber denunciado ante Xóchitl Yin Hernández, delegado en Jalisco de la PROFEPA, cómo en terrenos ubicados dentro de San Gabriel y que sufrieron incendios forestales apenas en abril, actualmente ya se encuentran plantados árboles de aguacate que alcanzan los 10 centímetros de altura.

Precisamente la PROFEPA está realizando un operativo de inspección en seis municipios del Sur y Sureste de la entidad, donde existen señalamientos sobre cambios de uso de suelo, de explotación forestal a agrícola para cultivo del “oro verde”.

Los primeros “culpables” fueron descubiertos: en Gómez Farías, Concepción de Buenos Aires y Mazamitla clausuraron 145 hectáreas de plantíos de aguacate, donde de acuerdo con un boletín de prensa, arrancaron de raíz sin autorización 9 mil 463 árboles de los bosques de pino y encino, para luego plantar 32 mil árboles de aguacate.

Los predios donde lucen sellos de clausura total en Gómez Farías son: La Estancia Vieja (II-XII-29) y La Estancia Vieja (II-XII-30), así como Loma de las Güilotas.

En los tres municipios donde aún está activa la inspección por parte de la PROFEPA y la Gendarmería –Misión Ambiental, se prevé que después del cierre de esta edición se anuncien clausuras de predios.

La cloaca fue destapada, se desmitificaron muchos casos sobre exterminio de bosques y robo de agua. De ahora en adelante las situaciones irregulares irán brotando en mayor medida, en especial en los tres municipios con la mayor producción de la región, cuyos propietarios han permanecido intocables. Estos son: Zapotlán, Zapotiltic y Tuxpan.

con informacion de la voz del volcan