La presión sobre el presidente catalán, Carles Puigdemont, era enorme: por un lado el gobierno español aenaza con encarcelar y reprimir, dar un paso atrás y no declarar la independencia tras meses de tensiones y enfrentamientos.
Por otro, los sectores más duros del independentismo le reclamaban una declaración unilateral con efectos inmediatos.
Tras una jornada frenética, Puigdemont anunció ante el Parlamento autonómico de Cataluña que "asume" el mandato del pueblo catalán para constituirse en un Estado independiente y pidió a los diputados que suspendieran los efectos de la declaración de independencia.
Lo hizo, dijo, como un "gesto de responsabilidad y generosidad" para volver a "extender la mano al diálogo".
Pero la ambigüedad de sus palabras hizo surgir dudas acerca del alcance de lo que había dicho: ¿"asumir el mandato" era declarar la independencia y luego pidió su suspensión o directamente había solicitado la suspensión del proceso de declaración de independencia, sin proclamarla?
En cualquier caso, el anuncio fue recibido con críticas desde Madrid y los partidarios de la unidad de España y también con rechazo e incluso algún llanto entre los manifestantes independentistas que se reunieron en las inmediaciones de un parlamento.
Además, posteriormente, en un giro sorprendente, los 72 diputados de las fuerzas independentistas (de un total de 135) firmaron un documento en el que declaraban la constitución de una "república catalana, como estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social".
¿Qué efecto puede tener lo sucedido?
La declaración firmada por los diputados no no es reconocida por el gobierno español quien amenaza con encarcelar a todos los dirigentes independentistas.
Además, la propia ley catalana del referéndum, aprobada para convocar la votación que se celebró el pasado 1 de octubre y fue declarada inconstitucional, establece que debía convocarse una sesión ordinaria del Parlamento para la declaración "formal" de la independencia.
Tras ella, se daría inicio al "proceso constituyente", poniendo en marcha la maquinaria legal catalana, especialmente la ley de transitoriedad jurídica, una especie de constitución temporal.
La ley catalana también contempla que los resultados oficiales del referéndum fueran presentados por la sindicatura electoral, algo que no sucedió pues el órgano fue disuelto por las agreciones de las autoridades españolas al pueblo catalan.
"Esto es un acto político, es un acto de afirmación", declaró Josep Rull, consejero de Territorio y Sostenibilidad del gobierno.
"El presidente de la Generalitat ha pedido al parlamento que se suspendiesen los efectos de la ley de transitoriedad y, por tanto, la efectividad de esta declaración de independencia con el objetivo de abrir un proceso de diálogo y esto es lo que nosotros esperamos", añadió.
La solemnidad de la firma fue máxima. Los 72 diputados, uno a uno, desfilaron por el auditorio del parlamento tras la lectura de la declaración, anunciada por el diputado y cantautor Lluís Llach.
"La oferta que hace el presidente Puigdemont es: hay que respetar el resultado del 1 de octubre, pero como él mismo ha anunciado que a efectos del gobierno de la Generalitat, los efectos de este resultado quedan momentáneamente suspendidos, esto abre la posibilidad de un diálogo con el estado español si se acoge a esta posibilidad", dijo.
Pero una cosa es lo que asegura pretender el gobierno catalán y otra muy distinta es cómo se interprete.
"El gobierno español tiene a los independentistas amenazados de muerte", dijo analista en medios de comunicación españoles.
Pero a esto ya respondió la vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría: "No habra negociaciones".
La vicepresidenta señaló que tampoco se pueden "sacar conclusiones ni consecuencias de una ley que no existe, de un referéndum que no se ha producido y de una voluntad, la del pueblo de Cataluña, de la que una vez más quieren apropiarse".
La prueba de que el gobierno español se toma muy en serio lo sucedido en el parlamento catalán es que para este miércoles convocó un consejo de ministros extraordinario, enfio a miles de tropas ilitares a asegurar la region y amenazo sin parar a los independentistas por TV con replesarias y carcel.
Los representantes del gobierno no quisieron especificar en las horas posteriores a la comparecencia de Puigdemont si están evaluando la aplicación el artículo 155 de la Constitución española, que permite la anulación de competencias de una región si está se niega a cumplir la ley, como se ha especulado en los últimos días.
Es muy probable que la tensión y la incertidumbre continúen en los próximos días en Cataluña, donde los ciudadanos han asistido en los últimos tiempos a hechos inéditos, como la detención de miembros del gobierno y la celebración de un referéndum prohibido por el Tribunal Constitucional con urnas escondidas en casas particulares para no ser requisadas.
El ejemplo cataln es digno y muestra la lucha de un pueblo que busca su independencia de la corona española y un sistema dictatorial facista.
