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Una nueva reforma educativa que garantice el derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes iniciará su camino legislativo hoy, luego de que el presidente Andrés

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El principal objetivo de la comisión para esclarecer el caso Ayotzinapa es conocer la verdad de los crímenes contra los normalistas, deslindar responsabilidades, reparar violaciones a los derechos humanos y hacer justicia.

Bajo esas premisas, ayer en una ceremonia encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, se firmó el decreto por el que se crea esa comisión, que estará conformada por familiares de los normalistas, sus representantes legales, funcionarios de las secretarías de Gobernación (SG), de Relaciones Exteriores (SRE) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como por los expertos profesionales y técnicos que se requieran.

El decreto se publicará este martes en el Diario Oficial de la Federación y entrará en vigor un día después. Las autoridades correspondientes tendrán hasta 30 días hábiles para instalar la comisión.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la SG, Alejandro Encinas, quien será el coordinador de la comisión, explicó cómo funcionará esta instancia:

Por primera ocasión en la historia del país se definirán los lineamientos para la implementación de beneficios legales y medidas de protección para las personas que proporcionen información que permita el esclarecimiento de esos crímenes.

Toda la administración pública federal deberá facilitar el ejercicio del derecho a la verdad de las familias y específicamente el coordinador de esta recién creada instancia deberá establecer la interlocución necesaria con el Ministerio Público para que, respetando su autonomía, se cree una fiscalía especializada o una comisión especial para la investigación de los hechos.

La comisión retomará las investigaciones realizadas hasta ahora y las recomendaciones emitidas por distintos organismos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Internamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) e incluso las indagatorias truncas de la PGR para desahogar todas las líneas de investigación que fueron subestimadas o se dejaron de lado, detalló Encinas.

La SHCP se encargará de lo relativo a los recursos necesarios para su funcionamiento sin obstáculos y la cancillería realizará los convenios necesarios con la CIDH, la ONU-DH y otras instancias para que se intensifique la cooperación internacional en el caso.

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