El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, podría ser destituido, si así lo decidiera el Senado de la República, por asumir atribuciones que únicamente le corresponden al presidente de México, de acuerdo al artículo 76 de la Constitución Mexicana.

“Por la violación sistemática a los derechos humanos y la violación sobre todo al pacto federal, porque él no puede atribuirse facultades propias del Presidente de la República”.

Ello, luego de que el mandatario estatal, emitiera el decreto donde se obliga el aislamiento (a excepción de actividades esenciales) y el uso del cubrebocas en la vía pública, acuerdo y no decreto, que según el experto en leyes, Rubén Ortega Montes, viola derechos fundamentales como el libre tránsito, la libre asociación y la libertad de deambular por la vía pública.

Integrante del Observatorio Académico de Justicia y Seguridad Pública de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ortega Montes explicó que ningún acuerdo estatal, como el que emitió Alfaro, está por encima de la Constitución o del Legislativo, por lo que viola artículos 1º, 9º, 11º, 16º y 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por ello, las atribuciones que les dio a los municipios no son válidas y al momento de las detenciones de los policías a las personas que no traía cubrebocas, también se están violando los derechos humanos de ellos y citó el ejemplo de los 60 detenidos tan sólo en un día en Tlaquepaque.

“Ninguno de ellos fue detenido por la falta del cubrebocas, sino que los policías, y ya los conocemos cómo son, llegan, tratan de una manera autoritaria, provocan una respuesta desagradable del ciudadano y máxima un ciudadano, que ahorita se siente coptado por tantas cosas como es la pandemia por este temor de que alguien se le enferme, sin trabajo quizás, con la necesidad de llevar algo que comer, y el policía pues obviamente que lo va a hacer sacar de sus cabales”.

El acuerdo impone sanciones privativas de libertad, arresto de hasta 36 horas y multa excesiva en su caso, porque dijo, esto va mucho más allá de lo que alguien pueda ganar, y que inclusive puedan estar detenidos personas que ni trabajo tienen.

De igual forma, dijo, el decreto de Alfaro es violatorio al artículo 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque en el acuerdo ni siquiera tiene carácter de ley y la Ley emana solamente de un órgano legislativo, y en Jalisco, explicó, Alfaro está actuando solo, sin el aval del Congreso del Estado ni del Poder Judicial.

La poblacion exige que el gobernador Alfaro sea enjuiciado por su presunta participacion en actos genocidas con el crimen organizado.