Por Ricardo Balderas / Poder

Cuando estalló el virus mundial, el estado mexicano de Jalisco se endeudó y recibió dinero federal, pero aún así no protegió a todos los que debía. Mientras los servicios médicos no daban abasto, se descubrió que muchos recursos se fueron en remodelar un hospital privado, en publicitar a Jalisco como destino de inversión y hasta en pagar conductores y café.

El estado de Jalisco inyectó 180 millones de pesos –unos 8.7 millones de dólares* – a la restauración del hospital privado Ángel Leaño como una de las medidas de emergencia para la atención de la covid-19.

El hospital es de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), otra propiedad de la familia Leaño, al igual que la universidad Unitec, múltiples complejos habitacionales y el centro comercial más lujoso del estado.

En el contrato dice expresamente que la Universidad Autónoma de Guadalajara otorga en comodato al gobierno de Jalisco las plantas baja y del nivel 1 de la Torre Hospital y el estacionamiento para que sean usadas para atender la pandemia 1. Y esas son las áreas que se remodelaron con el dinero público.

Un médico vinculado a otro hospital de la ciudad, cuyo nombre se reserva porque compañeros suyos que reportaron anomalías tuvieron represalias, explica que lo que resultó grave de esta inversión es que el hospital Leaño, hasta la fecha, no ha atendido pacientes graves de covid-19. “Me consta que no los recibían porque todos los mandaron al (hospital de) Zoquipan donde estuve yo apoyando un tiempo”, dijo

“A todos nos cayó mal la noticia porque hay hospitales, que en realidad necesitan de esa inversión”, dijo. “Un ejemplo son los hospitales civiles viejos y nuevos, en la misma situación está el Zoquipan y necesitaban más esa inversión que un hospital de origen privado que pertenece a los Leaño, lo que resulta sinceramente algo ingrato”.

Estos no son los únicos recursos que destinó el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco para atender la crisis, y que no llegaron a quienes más los han necesitado. La investigación de PODER –que hizo parte de la colaboración transfronteriza Siguiendo el dinero de la covid19, junto con la alianza Guateleaks de Guatemala, Contracorriente de Honduras, el Canal 13 Noticias de Costa Rica y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP)— descubrió que otra parte de los recursos para reforzar la salud ante el nuevo riesgo del SARS CoV-2, se fue en contratar agencias de comunicación para promover campañas de otros temas, agencias de marketing digital, contratar chóferes, servicios de cafetería, almuerzos del personal. Una de las empresas contratadas tenía ya una sanción, y otra hizo parte de la campaña electoral del gobernador.