El 15 de junio se supo que la fiscalía suiza había encontrado en Andorra una cuenta vinculada a Juan Carlos I donde escondía 10 millones de euros. El depósito, abierto en el banco Andbank, estaba controlado supuestamente a través de la sociedad instrumental Stream S.A., dirigida por testaferros. Los investigadores llegaron hasta la cuenta del Principado, activa hasta 2016, por una transferencia de la Fundación Zagatka, la entidad administrada por Álvaro de Orleans-Borbón -primo de Juan Carlos - que pagó viajes del monarca por valor de ocho millones de euros desde ella.

Esta cuenta en Andorra la cancelaron en 2016, precisamente cuando el Principado anunció la aplicación de la norma por la que compartiría con terceros países información bancaria de todos los extranjeros que tuvieran productos activos en su territorio, según El Confidencial. Muchas personas cerraron sus cuentas en aquel entonces para evitar que se transmitiese esa información.

Este mismo mes también se ha sabido que la Finma, organismo regulador y supervisor del mercado financiero de Suiza, ha abierto un expediente contra el banco Mirabaud & Cie, entidad en la que se depositaron los 100 millones de dólares que recibió Juan Carlos I en agosto de 2008 por parte del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí, tal como adelantó El País. Lo ha hecho para investigar si se cumplieron los protocolos y la debida diligencia para evitar el blanqueo de capitales.

Felipe VI como segundo beneficiario

La cuenta bancaria de Mirabaud & Cie se abrió a nombre de la sociedad instrumental panameña Lucum Foundation, en cuyos estatutos internos aparece el emérito como primer beneficiario y Felipe VI como segundo. Las actas incluían una cláusula para tratar de evitar disputas en el seno de Zarzuela por el control de los activos de la sociedad instrumental.

De esa cuenta, Juan Carlos de Borbón habría sacado durante cuatro años un promedio de 100.000 euros al mes para gastarlos en España sin dejar rastro. Las operaciones se produjeron al menos entre 2008 y 2012. El monarca habría usado el dinero para sufragar gastos no declarados de toda la familia real. Ninguna de esas disposiciones de efectivo fue declarada a la Hacienda española. Además del ingreso inicial de Arabia Saudí, en la cuenta de Lucum aparece otra transferencia recibida del rey de Bahréin, Hamad bin Isa Al Khalifa, por importe de 1,9 millones de dólares.

El resto de operaciones reflejadas en el balance del depósito son retiradas de dinero en ventanilla. Una vez llegaba a sus manos, los billetes eran usados por el conjunto de los miembros de Zarzuela para pagar regalos, viajes, consumiciones y otros lujos. Solo en 2010, el rey emérito dispuso de 1,5 millones de euros opacos. O lo que es igual, 125.000 euros en metálico cada mes, una cantidad similar a los 140.000 euros de dotación que tuvo asignados en los presupuestos de 2010 para todo ese año.

60 millones para Corinna

En julio y septiembre de 2011, Juan Carlos de Borbón efectuó de nuevo retiradas de la misma cuenta, y así continuó hasta junio de 2012, dos meses después de que se disculpara públicamente en unas declaraciones históricas por su accidente en Botsuana. Tras ese escándalo del rey cazando elefantes en Botsuana en plena crisis económica, el banco trasladó al monarca su incomodidad por la existencia de la cuenta. Juan Carlos I optó entonces por transferirle los aproximadamente 60 millones de euros que quedaban en la entidad a su entonces amante, Corinna Larsen, en concepto de donación.

La investigación de la fiscalía suiza sobre las cuentas en ese país del rey emérito elevan a más de 82 millones de euros los negocios en común de ambos en sociedades, cuentas y fundaciones. Según el fiscal suizo, Juan Carlos I y su compañera compartieron esos ingresos procedentes de Kuwait, Bahrein, Arabia Saudí, México y Marruecos (en este último caso en forma de unos terrenos), quien confirmó estos datos a la justicia española a través de una comisión rogatoria enviada hace algo más de un año.

Ya en verano de 2018, el fiscal del cantón de Ginebra abrió una investigación ante la sospecha de que el rey había utilizado el sistema financiero helvético para blanquear dinero. Supuestamente, las comisiones por la adjudicación del proyecto saudí del AVE a La Meca a un consorcio de empresas españolas, aunque en los últimos meses ha ganado fuerza la tesis de que los 64,8 millones de Arabia Saudí fueron en realidad una contraprestación por su labor de lobby para lavar su imagen internacional.

Tres investigaciones de la Fiscalía

Todo lo anterior es solo una de las tres vías de investigación contra Juan Carlos de Borbón que tiene abierta la Fiscalía del Tribunal Supremo en España. Otra más se inició después de que el Ministerio Público recibiese un informe del Servicio de Inteligencia Financiera de España (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, Sepblac), según informaron la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, en un encuentro con periodistas el pasado mes de noviembre.

La tercera investigación abierta se refiere a los gastos de varias tarjetas de crédito que usaban el rey Juan Carlos de Borbón, la reina Sofía de Grecia y también varios de sus familiares más directos: entre otros, algunos de sus nietos. Son tarjetas que se abonaban desde una cuenta en la que ni el rey emérito ni su familia aparecen como titulares, según confirmaron a Eldiario.es varias fuentes cercanas a la investigación.

Los movimientos financieros de esa cuenta y los gastos de esas tarjetas corresponden a los años 2016, 2017 y 2018, fechas posteriores a la abdicación del rey Juan Carlos, por lo que habría perdido parte de la impunidad que le otorgaba su cargo de jefe del Estado.