Emilio Lozoya, ex jefe de campaña de Peña Nieto y ex director de Petróleos Mexicanos, llegó extraditado a México para comparecer ante un juez mexicano de control en su primera audiencia, donde podrá declararse inocente o culpable.

Así llega a su fin un proceso que comenzó con el despido de Santiago Nieto de la FEPADE en el sexenio pasado, después de atreverse a denunciar delitos electorales cometidos por este sujeto.

Quedó para la historia el memorable mensaje que envió Lozoya por Twitter, donde fanfarrón decía textualmente, y cito: “Tengo el tiempo y el dinero para partirles la madre”.

Apenas en febrero de 2020, termino para este sujeto su correr por el mundo, a salto de mata, en su intento por evadir la justicia, cuando fue aprehendido por la policía española.

Al final, estando tras las rejas en Madrid, Emilio Lozoya reflexionó sobre sus alternativas, y se dio cuenta de que se acabó su tiempo, que no hay dinero que le alcance para comprar la justicia, y que le conviene más colaborar con la Fiscalía General, que cargar con toda la culpa de un proceso de saqueo, del que no fue participante exclusivo o solitario.

En el camino, se peleó hasta con su abogado, por no lograr ponerse de acuerdo en la estrategia que el exfuncionario había escogido para su defensa.

Aparentemente, en su intento por reducir el tiempo que pudiere pasar en la cárcel, este individuo está dispuesto a ventilar las pruebas de los sobornos que se repartieron a legisladores y funcionarios, para que facilitaran la ruta del saqueo, así como las que involucran a sus cómplices y jefes.

Una vez habiendo seleccionado el camino de la colaboración con las autoridades mexicanas como su opción más conveniente, los políticos que ocupaban las élites del poder público en el pasado deben estar muy nerviosos con el regreso de Lozoya al país.

Está muy claro que la actuación de este sujeto como testigo colaborador, va a terminar definitivamente con las carreras de un buen número de políticos y funcionarios públicos, así como con las de algunos empresarios ligados al proceso de destrucción de PEMEX, que inició aceleradamente en el sexenio de Calderón, y que Lozoya continuó en el de Peña Nieto con insospechada eficiencia.Al inicio de este gobierno el Fiscal General de la República, señaló los casos de Ayotzinapa y de Oderbrecht como dos de los cuatro asuntos prioritarios para esa institución.

Hace unos días, comenzamos a ver la luz al final del túnel en el primero de ellos, y con la llegada de Lozoya, se dan los primeros pasos firmes para conocer lo que sucedió en el segundo, y para comenzar a impartir justicia también en relación con este asunto.

Para la Fiscalía ahora, lo importante es cuidar el debido proceso, y evitar que este sujeto sufra algún percance fatal, derivado de que sus actuales enemigos, que antes fueron sus amigos, y que podrían ponerse creativos para evitar que los denuncie; o de la propia depresión que seguramente sufrirá Lozoya, al verse obligado a enfrentar la vida en su nueva normalidad personal.

La enorme relevancia de este caso estriba en que por fin, se destapa la gran coladera de la corrupción en México para que se comience a saber la verdad, y se ventile la podredumbre que nos llevó al borde del desastre como país.

No es relevante la venganza que muchos pudieran estar esperando a partir del caso Lozoya, sino la verdad sobre la que va a colocar los reflectores, y la justicia que va a derivar de esta verdad, que todo mundo ha callado en los gobiernos corruptos del pasado.

Hay que recordar las palabras de Cicerón, para entender que “la verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio”.