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En Oaxaca, el miedo está sembrado. La tierra se estremece a cada rato. 212 veces al día -cada día-, para ser más exactos, a partir del terremoto del 7 de septiembre que sacudió a Oaxaca.

Pero las tragedias no cesan porque a los sismos le sobrevinieron las torrenciales lluvias. Ahora, Oaxaca es casi un territorio de desastre. Y es que 470 de los 570 municipios de Oaxaca, es decir el 82.45%, han sido declarados por la Secretaría de Gobernación (Segob) como zona de desastre.

El saldo es de 105 muertos -82 por los sismos del pasado 7, 19 y 23 de septiembre y 23 por las lluvias, así como un millón de habitantes afectados, de los cuales 120 mil viven en las calles, albergues o donde Dios se apiade de ellos.

Con la tragedia también llegó la epidemia de la corrupción, de las negligencias, de la omisión, del engaño y del abandono, como lo evidenció la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al levantar 50 actas circunstanciadas de las que se desprenden quejas de oficio.

En sus visitas a Juchitán, Tehuantepec, Santiago Astata, Asunción Ixtaltepec, Salina Cruz y Unión Hidalgo, levantaron más de 50 actas circunstanciadas por la falta de transparencia y organización en la repartición de apoyos.

Aunado a ello advirtieron la falta de censos de población afectada; necesidades de recursos materiales para pernoctar en la calle; falta de seguridad; deficiente coordinación de autoridades de los tres niveles de gobierno; falta de cobertura en comunidades aledañas a los municipios y sensación de abandono a dichas comunidades.

Ante la incapacidad gubernamental para atender esta catástrofe, el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa sometió al Congreso local para que le aprobaran, el sábado 30 de septiembre, vía Fast Track (vía rápida), una deuda por mil 200 millones de pesos para que el gobierno de Oaxaca pueda acceder a los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN) de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

Solo la Fracción Parlamentaria del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se opuso a endeudar a Oaxaca. El diputado de Morena, Jesús Romero López, consideró que “entre los rubros como servicios generales, gastos personales, comunicación social, publicidad, entre otros, representaría un ahorro de casi 2 mil millones de pesos”.

“Endeudar a Oaxaca fue una medida innecesaria, pues con el uso de excedentes del gobierno, el respaldo de la federación, así como medidas de austeridad contundentes, obtendríamos los mil 200 millones de pesos de contraparte al FONDEN destinados a la reconstrucción de los municipios afectados por los sismos de septiembre”, criticó.

Ahora, la deuda pública del estado de Oaxaca pasará de 15 mil 75 millones 294 mil 880 pesos a 16 mil 275 millones 294 mil 880 pesos, lo que representa un incremento de más del 7 por ciento, puntualizó.

Por si fuera poco, la desgracia evidenció que políticos priistas, perredistas, petistas han lucrado con el dolor de sus gobernados al ser denunciados y evidenciados como falsos damnificados al recibir beneficios gubernamentales, como el delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en Oaxaca, Saulo Chávez Alvarado, y la ex presidenta municipal de Asunción Ixtaltepec, Adelina Rasgado Escobar.

Y es que en el portal de transparencia de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), apareció la vivienda del delegado de la CDI en Oaxaca, Saulo Chávez Alvarado como parte de los afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre, los cuales recibirán un apoyo por la cantidad de 120 mil pesos.

El inmueble a nombre de María Luisa Alvarado Toledo no presenta afectaciones; sin embargo, fue considerado como parte de las viviendas afectadas tras el terremoto que dejó afectaciones en 41 municipios en la región del Istmo de Tehuantepec.

Saulo Chávez, identificado plenamente con el grupo del ex gobernador José Murat Casab, también fue acusado por dirigentes de la Asamblea de los Pueblos de San Dionisio del Mar de lucrar con la entrega de apoyos para hornos y pedir anticipos a indígenas damnificados.

Enrique Sánchez Camarena, dirigente de la asamblea, denunció que el priista Saulo Chávez a través del delegado Miguel Clímaco ha operado esta maniobra para obtener beneficios a costilla de los indígenas huaves que resultaron damnificados por los sismos de septiembre.

Su afirmación la soporta en que a las familias damnificadas de San Dionisio del Mar que se dedican a la elaboración de totopos les han pedido un anticipo de dos mil pesos para recibir un apoyo de 18 mil 800 pesos para la reparación de sus hornos, acción que tanto presumió a nivel nacional el presidente Enrique Peña Nieto.

Sánchez Camarena dijo que “venimos hasta Juchitán a hacer esta conferencia de prensa (10 de octubre) porque vimos en Internet que igual en Ixtaltepec este señor Saulo se aprovechó de las panaderas y no queremos que siga haciendo de las suyas en otros municipios, incluso sabemos bien que en su pueblo, en Espinal, benefició con más de tres folios para la reparación de casas a dos señores del PRI que ya fueron presidentes municipales de su pueblo y eso es de lo peor”.

De igual forma, en red nacional la priista Adelina Rasgado fue acusa en el noticiario En Punto, que la ex presidenta de Ixtaltepec registró tres casas ante Sedatu sin ser damnificada y recibieron 120 mil pesos por cada vivienda.

Además, la acusaron de montar un albergue para cobrar el apoyo para la reconstrucción de una vivienda que no es de su propiedad.

En el portal informativo RomoNoticias, mencionaron que Carlos Dehesa Figueroa denunció que Jorge Antonio, esposo de la ex presidenta municipal, habría recibido por parte de SEDATU las tarjetas correspondientes a la casa que minutos antes habían lavado y llevado algunas sillas y pañales, como para demostrar que ahí vivían.

“Esta casa en la administración de Adelina Rasgado (1999-2001) fue utilizada como oficinas del Registro Civil, toda vez que debido a los problemas políticos que se tenían en aquel entonces y que el palacio municipal estaba tomado, la profesora atendía desde su casa y por la cercanía esta casa le fue prestada”, indicó Dehesa Figueroa.

Para su sorpresa, más tarde llegó una patrulla de la Policía Federal, una camioneta de SEDATU y otras personas que desconoce para la entregar la tarjeta de apoyo por el daño a esa construcción al esposo de la maestra Adelina.

Frente por la transparencia

Mientras, en Juchitán se formó el “Frente Regional de Damnificados del Istmo” con la finalidad de exigir la transparencia de recursos otorgados por el gobierno mexicano para la reconstrucción de los pueblos afectados por el terremoto del 7 de septiembre pasado.

Desastre de Oaxaca

El Frente, conformado por diversas organizaciones sociales de Juchitán e integrantes del cabildo de este municipio (Síndica Hacendaria  María Cruz Vásquez y Regidor de Hacienda René Vásquez Castillejos), exigió la urgente necesidad de transparentar los recursos para la aplicación de la reconstrucción y también reorientar el Presupuesto de Egresos de la Federación de Oaxaca y la ampliación de recursos del Fondo Nacional de Desastres (Fonden).

De igual forma, reclamaron “la lentitud de los tres niveles de gobierno y el manejo político ante la emergencia” y acusaron que “el interés que exhibe cada orden de gobierno” convierte la tragedia en una “competencia de mentiras mediáticas”.

“Estamos preocupados por el desorden y la falta de información oficial que ha generado un juego de sus intereses, por esa razón se constituyó este colectivo para exigir información fidedigna y oportuna, donde se dé certeza  a los damnificados”.

Insistieron en que el gobierno de la perredista Gloria Sánchez López aplique los recursos -62 millones de pesos- que el ayuntamiento de Juchitán recibió de la empresa Eólica del Sur para atender la emergencia que vive este municipio juchiteco.

En Unión Hidalgo las personas damnificadas se  que quejan que quienes se beneficiaron de empleo temporal y hornos son las y los familiares de regidores.

Mientras que la Sedatu de la cuestionada Rosario Robles reconoce que podría haber unos cuatro mil falsos damnificados o damnificadas en la región del Istmo, situación que será investigada.

Por lo pronto, los tres niveles de gobierno iniciaron el pago del Programa de Empleo Temporal en Juchitán de Zaragoza a personas afectadas por el sismo del pasado 7 de septiembre en el que invertirán 35 millones 360 mil 400 pesos y se beneficiará de manera directa a 14 mil 920 familias con 2 mil 370 pesos.

El desastre de OaxacaPara acceder a este estímulo económico, deberán presentarse las personas beneficiarias previamente anotadas en sus respectivos comités, con identificación oficial, el folio original otorgado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

El diputado Javier Velásquez Guzmán exhortó a garantizar la entrega y la transparencia de los recursos del programa, ya que la población damnificada en la región del Istmo, ha denunciado la falta de entrega de  recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

Además, muchos desconocen si se encuentran o no contemplados en el censo de personas damnificadas realizado por Sedatu.

Afirmó que es de vital importancia asegurar que los recursos destinados a la atención de los daños provocados por los terremotos sean entregados y utilizados efectivamente para la protección de las familias damnificadas y la reconstrucción de la infraestructura dañada.

OAXACA TERRITORIO SINIESTRADO

El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO), Heliodoro Díaz Escárraga, reconoció que los sismos del 7, 19 y 23 de septiembre pasados con sus siete mil 438 réplicas (hasta el 12 de octubre) y las tormentas tropicales, así como lluvias atípicas que han impactado entre 450 y 470 municipios de Oaxaca, es mas del 80 por ciento.

El desastre de Oaxaca 3

Por el terremoto de 8.2 grados del 7 de septiembre, la Segob declaró a 290 municipios como zona de desastres, principalmente de la región del Istmo donde se afectaron mas de 67 mil casas.

Luego vino el del 19 de septiembre que pego a la región mixteca y ahí fueron declarados otros 74 municipios donde se afectaron unas cinco mil viviendas.

Según datos oficiales, a la fecha se verifican los daños que presentan 70 mil 477 viviendas; 35 mil 84 de las cuales presentan daño parcial habitable; 21 mil 41con daño parcial no habitable y 14 mil 352 tienen pérdida total.

Asimismo, se vio afectada la infraestructura urbana 13 edificios públicos; 10 culturales; 282 religiosos, 43 hoteles, 15 edificios de seguridad: 13 penales, el C2 y el Cuartel de Policía de El Espinal, lo que hace un total de 337 espacios que tendrán que ser atendidos.

Oaxaca en zona de desastre

Aunado a ello, han habido otras declaratorias de emergencias y de desastres por efectos meteorológicos como las lluvias que “golpearon muy feo” del 30 de septiembre al 1 de octubre y pegó en la Cuenca del Papaloapan, la región Mazateca-Cuicateca, Sierra Juárez y los Mixes, donde se presentaron lluvias atípicas cuyos niveles de precipitación no se habían registrado; luego vino la tormenta tropical “Ramón” y todo se complicó.

Las lluvias provocaron deslaves, sepultaron viviendas, desbordaron ríos e inundaron tierras de cultivo en al menos 80 municipios.

Posteriormente, ea Secretaría de Gobernación (Segob) emitió Declaratoria de Emergencia para 19 municipios de Oaxaca por lluvia severa e inundación fluvial, fenómenos ocurridos del 3 al 4 de octubre de 2017.

Y todavía por las últimas lluvias se hizo solicitud por 205 municipios y están en proceso de que los aprueben.

Ahora viene un “Galimatías” con el complejo orden presupuestal derivados del Fonden, el seguro de daño catastrófico, las aseguradoras de las diferentes dependencias y la aportación del gobierno del estado que tiene que aportar peso a peso.

Tan solo en los 120 mil pesos que se están entregando en tarjetas para la reconstrucción el gobierno del estado aporta el 30%, es decir de los 120 aporta 30 mil pesos. Ahora nos paso esta desgracia y tenemos que ver cómo nos levantamos a mediano plazo, puntualizó.

NO SOMOS ANIMALES

Las lluvias también trajeron tragedia. Pueblos de la Sierra Cuicateca quedaron incomunicados.

El 5 de septiembre, Teresa, una indígena cuicateca, esperó más de seis horas en labores de parto y la ambulancia aérea nunca llegó. El hijo que llevaba en su vientre no aguantó, murió. Ahora, las autoridades se reparte culpas y justifican su negligencia.

“Fue una negligencia”, acusa el presidente municipal de Chiquihuitlán, Héctor Quiroz Altamirano, al tiempo que hace un llamado al gobierno de Alejandro Murat Hinojosa para que “esté más al pendiente porque no somos animales, son vidas humanas que están en riesgo”.

El Gobierno del Estado se justificó con el argumento que “debido a las condiciones climatológicas que se registraron durante las últimas 24 horas en la entidad -particularmente en las regiones Cañada, Sierra Norte, Sierra Sur y Cuenca del Papaloapan- la Ambulancia Aérea no pudo aterrizar en Chiquihuitlán”.

Y las autoridades de la Unidad Médica Rural del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) indicaron que mantuvieron en todo momento la vigilancia a la paciente de 38 años, quien presentaba al momento de llegar a la clínica hospitalaria, ruptura de placenta con producto transverso de 36 semanas de gestación.

Los especialistas habían recomendado que la paciente permaneciera el mayor tiempo posible en reposo absoluto, ya que movilizarla ponía en riesgo la vida de la mujer y el producto.

“Lo cierto es que pasaron cinco, seis horas y la ayuda nunca llegó, inclusive, nos llevamos a la paciente por tierra porque si su hijo se malogró, ahora está en peligro la vida de Teresa”, y caminaron entre la lluvia y la zona devastada”, confiesa la autoridad municipal.

Quiroz Altamirano se preguntó dónde están los helicópteros de la Marina, la Policía Federal y el Ejército Mexicano porque nadie acudió a salvar la vida del neonato.

Pero también cuestionaron porque ya llevaban más de 72 horas de que la región se encuentra devastada y no han recibido ninguna ayuda federal ni estatal.

El edil de Chiquihuitlán fue contundente: “Desde las 10:30, tengo registrada la llamada y mensajes, avisé y me decían: ya va a despejar la ambulancia aérea, inclusive (le dijeron) ya nos llevamos la paciente y pasaron seis horas y la ayuda nunca llegó”.

Inclusive existe un boletín oficial donde la Coordinación Estatal de Protección Civil donde afirma que los Servicios de Salud “trasladaron vía aérea a Teresa M.P. J., de 31 años al Hospital General de Cuicatlán “Doctor Alberto Vargas Merino” y explican que la paciente presentó “ruptura prematura de membrana”.

Ahora mismo hay comunidades mazatecas y cuicatecas incomunicadas, sin luz, ni agua potable porque las redes están tiradas por los derrumbes.

El Gobierno del Estado de Oaxaca, en su defensa dijo que a lo largo del día jueves, un helicóptero oficial intentó en varias ocasiones acudir a la localidad para el traslado de la paciente, lo cual no fue posible debido al mal tiempo climático, aun cuando la tripulación y el personal médico que los acompañaba también estuvieron en riesgo.

Cabe mencionar que las autoridades médicas estatales y federales informaron en todo momento a la autoridad municipal y a los familiares las difíciles condiciones climáticas que prevalecían, cuyas evidencias fueron documentadas a través de fotografías satelitales, así como la situación de la salud de la paciente y su producto.

Los presidentes municipales y autoridades auxiliares de los municipios de:


    San Juan Bautista Cuicatlán, 
    Teotitlán de Flores Magón, 
    Chiquihuitlán, 
    Santa Ana Cuauhtémoc, 
    Cuyamecalco, 
    San Pedro Teutila, 
    San Andrés Teotilalpam, 
    Santa María Tlalixtac, 
    San Francisco Chapulapa, 
    San Miguel Santa Flor, 
    Concepción Pápalo, 
    Santa María Teopoxco, 
    San Juan Coatzospam, y 
    San Pedro Jocotipac,

calificaron de irresponsables a los gobiernos Estatal y Federal ante la nula atención a los severos daños ocasionados en estas comunidades, provocados por el paso de la tormenta tropical “Ramón”.

“Nuestros pueblos atraviesan difíciles momentos, con pérdidas humanas y del patrimonio de muchos de nuestros paisanos.

En las poblaciones no hay agua potable, ni energía eléctrica. Los caminos de acceso y que conectan a las zonas cuicateca, mazateca y teotiteca se encuentran incomunicados”.

Por ello exigimos la presencia en nuestra región del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, para que constate las condiciones en las que actualmente vive nuestra gente y declare a nuestros municipios como zonas de desastre natural y de esta forma podamos acceder al fondo de desastres naturales (FONDEN).

“Pedimos que nos volteen a ver, pues pareciera que los municipios de la región de la Cañada son invisibles para el Estado y para el país.

“En esta zona de Oaxaca también vive gente que trabaja diariamente para el crecimiento del estado. Somos oaxaqueños y hoy nos encontramos en desgracia ante la inmensidad de pérdidas materiales y patrimoniales de nuestros gobernados.

“Fuimos afectados por los dos terremotos del pasado mes de septiembre y no fuimos atendidos, hoy somos afectados por los estragos de la tormenta tropical Ramón y tampoco tenemos atención”, fue el reclamo.

“Señor Enrique Peña Nieto Presidente de la República, señor Alejandro Murat Hinojosa Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, señores senadores, diputados federales y locales nosotros también somos parte del estado de Oaxaca y siempre hemos sido de las regiones más olvidadas, hoy pedimos que nos ayuden a reconstruir nuestras comunidades”, finalizaron.

 

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